Con la Justicia en marcha, el escándalo por los créditos a funcionarios suma presión: quiénes están bajo la lupa, qué se investiga y por qué el caso puede complicar al oficialismo.
El escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos de la Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas se presentaron dos denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py, que quedaron a cargo de los jueces Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. El caso abre interrogantes sobre el uso de fondos y posibles conflictos de interés dentro del Estado.
La controversia comenzó días atrás, cuando se difundió un listado de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo que habrían accedido a créditos millonarios del banco estatal. La información, publicada por el sitio Cuánto Deben, desató críticas, pedidos de informes en el Congreso y cuestionamientos sobre si existieron condiciones preferenciales en el otorgamiento de esos préstamos.
La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra el expresidente del banco, Daniel Tillard, y el funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet. Los acusa de delitos como “defraudación por administración fraudulenta”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, en el marco de decisiones vinculadas al otorgamiento de créditos.
La segunda presentación fue realizada por la diputada Mónica Frade, junto al legislador Esteban Paulón, y amplía el foco. Además de Tillard, incluye a varios beneficiarios de los préstamos, entre ellos funcionarios del área económica y directores de organismos públicos. Según plantearon, los créditos podrían no corresponderse con el nivel de ingresos declarados por algunos de los involucrados.
Entre los nombres que aparecen en la polémica figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del Banco Central Pedro Inchauspe y otros funcionarios con deudas que, en algunos casos, superan los cientos de millones de pesos. La Justicia ahora busca determinar si los préstamos fueron otorgados en condiciones regulares o si existieron ventajas indebidas.
Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió públicamente a los funcionarios y aseguró que “no tienen ventaja respecto del resto”. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno sostuvo que los créditos cumplen con los requisitos habituales del banco y que no se utilizan fondos de contribuyentes, sino recursos propios de la entidad.
Mientras tanto, el caso ya tuvo consecuencias políticas. Uno de los funcionarios involucrados, Leandro Massaccesi, fue desplazado de su cargo tras la difusión del listado. En paralelo, la fiscalía avanza en la recolección de información sobre los créditos y el Gobierno prepara su defensa judicial, en un contexto donde crecen las dudas sobre el impacto del escándalo y la posibilidad de que surjan nuevas revelaciones.
