Más presión a los medios: Ramos Padilla procesó a Daniel Santoro como miembro de una banda comandada por Marcelo D’Alessio

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Sin ampliar la declaración indagatoria para que se defienda, el juez de Dolores y miembro de “Justicia Legítima” amplió el procesamiento del periodista en base a datos falsos y conjeturas.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió los procesamientos, sin tomarles una nueva declaración indagatoria, de los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bideone, de Marcelo D’Alessio, del ex director de la AFI Pablo Pinamonti, entre otros, y, en una medida sin precedentes, incluyó al periodista de Clarín Daniel Santoro en una asociación ilícita y lo acusó de espionaje ilegal. Esas medidas fueron tomadas en la causa abierta en su juzgado por la denuncia del “productor agropecuario jubilado” Pedro Etchebest contra D’Alessio.

Santoro está procesado como supuesto partícipe de una extorsión al empresario K Mario Cifuentes y una coacción al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat y ahora, al incluirlo en una asociación ilícita, tendrá una pena de prisión de entre 3 y 10 años si es condenado.

La decisión de Ramos Padilla, que se hizo cargo del expediente por la denuncia de Etchebest en un caso de forum shopping, se inscribe en la ofensiva del kirchnerismo contra los medios de comunicación, que se reavivó con la iniciativa de montar el observatorio NODIO.

El procesamiento incluye varios datos falsos y conjeturas del juez sobre los chats de los teléfonos de los investigados, como la que dice que “se demostró también que, en ese período de tiempo, D’Alessio organizó al menos una reunión con Daniel Santoro y el fiscal Bidone, en la que D’Alessio le hizo referencia a Santoro de que tenía grabaciones y que cumplió con parte del trabajo realizado”. Jamás hubo una reunión conjunta entre ese fiscal, D’Alessio y el periodista.

El juez y miembro de “Justicia Legítima” lo hizo unos días después de que la Cámara Federal de Casación Penal declaró “mal concedido” un recurso de la defensa del periodista que se declare la incompetencia de la justicia de Dolores en la causa D’Alessio. Ramos Padilla amplió los procesamientos de Stornelli, Santoro y dos ex comisarios y otros acusados que no se conocen entre sí sin que la Cámara Federal de Mar del Plata se haya expedido por los primeros procesamientos que dictó el año pasado por supuesta extorsión y coacción. Otro de los datos falsos del juez es la afirmación de que el el hijo de 12 años de D’Alessio grabó una entrevista con un despachante de Aduana hecha por Santoro.

El falso abogado tenía relaciones con más de 20 periodistas pero el juez solo direccionó su acusación contra Santoro, quien trabaja en Clarín desde hace más de 30 años, es maestro de periodistas y ganó numerosos premios nacionales e internacionales.

En su resolución de más de 1.200 páginas, Ramos Padilla convirtió en delito la mayoría de las denuncias de querellantes –muchos de ellos procesados en causas en Comodoro Py y otros juzgados- y en base a conjeturas trató de incriminar más a Santoro, un periodista que investigó causas por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Incluso, sumó la denuncia del despachante de Aduana Gabriel Traficante por la que el juez federal porteño Luis Rodríguez procesó a D’Alessio y otros y los mandó ya a juicio oral. Santoro fue indagado en ese expediente y su situación procesal no fue resuelta. Además, Ramos Padilla reitera los textos de procesamientos anteriores para darle más volumen a la presentación.

A lo largo del texto, Ramos Padilla trata de defenderse de la acusación de que él participó en el armado del Operativo Puf para voltear la causa de los Cuadernos de las Coimas. En las escuchas legales de ex funcionarios K presos en la cárcel de Ezeiza se demuestra que, por lo menos, diez días antes de la presentación “espontánea” de Etchebest en Dolores esos ex funcionarios ya sabían de la denuncia y decían que el juez “iba a operar”.

Dice Ramos Padilla en su resolución que “lo que se ha comprobado es la participación dolosa de Daniel Santoro en numerosos planes y operaciones de inteligencia ilegal, que en algunos casos incluyeron coacciones, extorsiones, exhibición de armas de fuego, “puestas en pánico”, “guionamientos” o direccionamientos de personas “arrepentidas”, testigos o denunciantes, espionaje mediante uso de drones, obtención de datos de acceso restringido mediante la colaboración ilegal de funcionarios públicos y magistrados y, en definitiva, su participación en las múltiples operaciones ilegales que fueron desarrolladas en forma organizada, sostenida y reiterada a lo largo de varios años, por un grupo de personas que cumplían diferentes roles y funciones”.

Pone como prueba de cargo contra Santoro que D’Alessio habría enviado “informes de inteligencia” que, en realidad, eran documentos falsos con sellos de la AFI o la DEA armados por el falso abogado y enviados por él mismo a decenas de periodistas y conocidos.

Además, “D’Alessio ya le había llevado fotografías tomadas por drones, brindado informes de inteligencia, información de acceso restringido –como aquella obtenida a través de la intervención de la A.F.I. o el fiscal Juan Bidone–, anticipado quiénes se habrían de constituir en “arrepentidos” y brindado las declaraciones que la organización diseñaba”.

ADEPA y FOPEA criticaron la semana pasada el pedido de diputados de la oposición de investigar al periodista K Roberto Navarro por haber publicado un informe secreto auténtico de la AFI en base al argumento de que los periodistas no son responsables por la forma en que sus fuentes obtienen la información. Pero Ramos Padilla opina al revés, e incluso acusa a un particular de espionaje ilegal, en contra de lo que dice la ley de Inteligencia.

En lo que hace a D’Alessio como “fuente periodística” de Santoro, según sostiene el juez, “se ha demostrado que su rol excedía ampliamente tal calidad, incluso si se piensa en el concepto más amplio y heterodoxo que podría tenerse de una fuente periodística”. Por lo tanto, “si bien se corroboró que D’Alessio sirvió como fuente de información a diversos periodistas, participó en programas televisivos, e incluso condujo personas a programas televisivos e intercambió información respecto de algún caso en específico, respecto de ningún otro periodista se determinó su participación dolosa en planes y operaciones de inteligencia múltiples y sostenidos a lo largo de casi tres años”, agregó el juez.

Ramos Padilla comparó a Santoro con el conductor Eduardo Feinmann y y dijo que “suscribiendo la información, en tanto era el conductor del noticiero, tuvo la enorme potencia de movilizar a la víctima (un hijo del “jardinero” de Cristina Kirchner) a presentarse ante el fiscal Stornelli, aun cuando no existía razón alguna para su detención. La diferencia radical entre Santoro y Feinmann –desde el punto de vista de la prueba colectada– es que el segundo desconocía la maniobra que se estaba llevando a cabo”. “Nada en la prueba indica que Feinmann supiera que D’Alessio realizara este tipo de operaciones y que, en el caso concreto, su aporte contribuía a una operación extorsiva de espionaje en curso”, sostuvo el juez.

Luego, Ramos Padilla sostiene falsamente que la entrevista que Santoro le hizo a la despachante de Aduana Gladys Fernandez, -luego de que la entrevistaran otros periodistas- que “ocuparía casi un programa entero de Animales Sueltos, sería filmada por el hijo –menor de edad– del espía Marcelo D’Alessio y en presencia de este último”. La entrevista la filmó un camarógrafo de América TV.

“Está claro que Daniel Santoro no fue un simple usuario de la información pregonada por un espía. El vínculo de este periodista con Marcelo D’Alessio poseía características sustancialmente diferentes a las que mantenía D’Alessio con otros colegas de aquél. De modo que ninguna persona, sea cual sea su profesión, se encuentra habilitada a participar en la planificación o el desarrollo de operaciones de inteligencia y espionaje ilegal encaminadas a perjudicar a una o más personas, que, en muchos casos, además, incluyen coacciones, extorsiones, chantajes, maniobras de guionamiento, uso de armas, etc”, añadió el juez.

Luego, Ramos Padilla hace un esfuerzo teórico para tratar de demostrar que no está atacando la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a acceder a información de casos de corrupción contra el Estado.

“De modo que la afirmación que realiza vinculada a que esta investigación pueda constituir una vulneración a la libertad de prensa no tiene ningún fundamento; por el contrario, forma parte de los deberes que la Constitución y la ley le imponen al Poder Judicial de llevar adelante las investigaciones de graves delitos como los que aquí se han comprobado (cfr. art. 116 C.N., art. 193 del C.P.P.N.)”, agregó el juez que ha sido criticado por organizaciones nacionales e internacionales por su “acoso judicial” contra Santoro.

Fuente Diario Clarín