Desde la presidencia le atribuyen haber avanzado de manera inconsulta con ese proyecto y finalmente, se creará una mesa de coordinación entre el sector público y privado.
Después de la reunión que mantuvo este jueves el ministro de Salud Ginés González García con representantes de clínicas y entidades de medicina privada se acordó dar marcha atrás con la iniciativa de administrar los recursos sanitarios de todo el país en medio de la pandemia de coronavirus.
A pesar de que el funcionario ya les había confirmado a varios diputados del oficialismo que estaba definiendo el proyecto para establecerlos de ‘interés público’, trascendió que desde la Casa Rosada se molestaron con el funcionario por haber avanzado de manera inconsulta. A raíz de esta interna, descartaron una intervención de esa magnitud sobre el sistema privado y aseguran que habrá sólo una resolución ministerial para crear una mesa de coordinación entre el sector público y el sector privado de la salud.
Según explicó Clarín, durante el encuentro en el que participaron José Cherro, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra); Luis María de Grossi, miembro de la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp); José Sánchez, de la Federación de las Cámaras de Emergencia; y Gabriel Bargaballo, gerente de OSDE, los representantes de la Salud manifestaron su descontento con el supuesto DNU que preparaba el gobierno y hasta avisaron que podrían presentar recursos de amparo en su contra en caso de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, confirmara el decreto.
Desde el sector empresario manifestaron que “ya comenzamos a tener consultas en las instituciones de afiliados que quieren saber si podemos asegurarles la prestación del sistema por el que han pagado. Quieren saber si en caso de necesitar cobertura de salud, aun con otras afecciones distintas al coronavirus, podremos asegurarles que tendrán disponibilidad de camas y recursos”.
Ginés González García, por su parte, indicó al salir de la reunión: «Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia».
