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La actividad comercial reflejó un descenso interanual del 0,6% en marzo y acumuló un retroceso del 3,6% en el primer trimestre, según la CAME. Los rubros más afectados.

La actividad comercial minorista de las pequeñas y medianas empresas sigue profundizando su ciclo recesivo: las ventas mostraron en marzo una caída interanual del 0,6% y el sector hilvana once meses consecutivos con resultados negativos en términos reales. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el deterioro del poder adquisitivo y el encarecimiento de los costos están limitando la recuperación de estos negocios, que atraviesan el 2026 con márgenes de ganancia cada vez menores y una percepción generalizada de estancamiento en sus expectativas de inversión.

El informe de CAME, al que accedió este medio, revela que el acumulado en lo que va del año marca un retroceso del 3,6% respecto de igual período de 2025, cifra que refleja el impacto sostenido de la caída en el consumo y del aumento de gastos operativos en las empresas. En comparación con febrero, la actividad comercial minorista registró una baja adicional del 0,4%, extendiendo la tendencia negativa.

Al analizar el desempeño sectorial de marzo de 2026, CAME identificó que cinco de los siete rubros evaluados cerraron el mes con variaciones interanuales en terreno negativo. El segmento de perfumerías encabezó las caídas con un desplome del 9,8%, seguido por bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles con una contracción del 8,3%. Las ventas de alimentos y bebidas retrocedieron en menor medida, apenas el 0,9%. Por el contrario, ferretería, materiales eléctricos y de la construcción mostró un aumento interanual del 2%, mientras que farmacia registró una suba del 1,1%. Según CAME, estas diferencias reflejan las prioridades de consumo de los hogares y el efecto de la inflación sobre el poder de compra en cada categoría.

Uno de los datos que diferencia esta medición de sus predecesoras es la inclusión de ventas online en el relevamiento. CAME precisó que, a partir de este informe, se integran los datos de aquellas pymes que operan bajo esta modalidad, ampliando así el universo observado.

En la consulta sobre la situación económica actual de los comercios, el 50,8% de los encuestados afirmó que se mantiene sin cambios respecto del año anterior, aunque este porcentaje descendió 1,8 puntos en relación a febrero. En cambio, el 42,2% identificó un deterioro de su posición respecto de 2025. CAME atribuyó la migración de estos indicadores a la mayor incidencia de locales afectados por la coyuntura económica del período.

En cuanto a las expectativas para el resto de 2026, el 48% de los comerciantes prevé mantener sus niveles actuales de ventas, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que proyecta una caída. Las perspectivas de inversión se muestran aún más restringidas: el 59,1% considera que el escenario no es apto para nuevas inversiones, en contraste con solo el 13,1% que lo interpreta como una oportunidad.

El cambiante mapa de consumo: principales rubros y causas de la contracción

La contracción de las ventas de alimentos y bebidas fue del 0,9% interanual en marzo. CAME observó que el regreso a clases y el fin del receso estival desplazaron el gasto hacia bienes básicos, en un contexto de aumentos en los precios de frescos y carnes. Los comerciantes consultados indicaron que los consumidores migran a segundas marcas y priorizan promociones bancarias para sostener la demanda, adoptando conductas de compra más cautelosas y fraccionadas. Según el reporte, la evolución futura del rubro dependerá de la relación entre salarios y precios.

En textil e indumentaria, la baja fue del 0,4%. La demanda se potenció por el inicio del ciclo lectivo y la inminencia del invierno, pero el gasto se concentró en prendas de abrigo y uniformes. CAME señaló que la liquidez limitada y la preferencia por bienes esenciales contuvieron el consumo en otros segmentos, forzando a los locales a liquidar stock de verano. Los comerciantes enfatizaron la búsqueda de ofertas y la preferencia por financiamiento en cuotas para sostener las ventas.

El segmento bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles exhibió una de las peores caídas interanuales, con un -8,3%. CAME explicó que los hogares relegaron la renovación de mobiliario y artículos decorativos por motivos escolares y de subsistencia. La inflación y la reducción de ingresos reales limitaron las ventas físicas. El uso de tarjetas de crédito fue clave para concretar transacciones, ante el auge de ofertas y beneficios bancarios. En tanto, los comerciantes denunciaron el avance de la competencia informal y la presión de los costos operativos sobre la rentabilidad.

Por el lado opuesto, el rubro ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se expandió un 2% respecto al mismo mes del año anterior. El informe atribuyó este repunte al inicio de la temporada de impermeabilización y reparaciones hogareñas. La demanda se centró en insumos críticos para arreglos urgentes y mantenimiento básico, aunque la concreción de ventas depende cada vez más de la financiación y promociones bancarias. Según CAME, el futuro de este segmento está atado a la reactivación de la inversión en infraestructura.

Farmacia creció 1,1% en el mismo período, impulsada por medicamentos antigripales y productos de salud específicos. Sin embargo, categorías no esenciales vieron reducirse su volumen, y el consumo se replegó hacia necesidades básicas. Los farmacéuticos notificaron subas de precios, demoras en reintegros de obras sociales y una mayor preferencia por medicamentos genéricos como respuesta a la suba de costos. El mercado destaca el papel de la cobertura de salud y del ingreso disponible en la evolución sectorial.

Finalmente, el segmento de perfumerías profundizó su declive con una contracción del 9,8% interanual. El consumo familiar se restringió a productos de higiene esencial, relegando los de mayor precio y reemplazando marcas. Mientras el comercio electrónico mostró un mejor comportamiento, las tiendas físicas continúan afectadas por la pérdida de poder adquisitivo. En este entorno, las promociones bancarias y la financiación resultan los principales estímulos para reactivar ventas en el mostrador.

Las cifras de CAME correspondientes a marzo de 2026 confirman que la dinámica del consumo en Argentina sigue sujeta a las oscilaciones de la macroeconomía, con impacto directo sobre la rentabilidad y estrategias de las pymes comercialesen todo el país.

Con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales, el oficialismo consiguió el número para sancionar la norma.

La Cámara de Diputados vivió una jornada clave en la que el oficialismo logró avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares. Con 129 legisladores presentes, el bloque de La Libertad Avanza consiguió el quórum necesario gracias al respaldo de aliados como el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. Ese respaldo inicial fue determinante para encaminar una sesión que, contra los pronósticos, terminó siendo más ordenada y favorable para el Gobierno.

El desenlace llegó pasada la una de la madrugada, cuando se concretó la votación definitiva: 137 votos a favor contra 111 en contra. La diferencia reflejó un margen más amplio del esperado y consolidó el triunfo oficialista. Incluso, la seguridad en el resultado llevó a que varios diputados libertarios desistieran de sus exposiciones: “Están los votos, que se queden con los discursos”, sintetizó uno de ellos, marcando el clima de confianza que dominó el tramo final.

Esa certeza política también quedó expuesta horas antes, cerca de las 22, con la presencia de Karina Milei en el recinto. Desde el palco, la secretaria general de la Presidencia siguió el cierre del debate, en una señal clara de que el Gobierno daba por asegurada la aprobación. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, organizaciones como Greenpeace intentaban visibilizar su rechazo con intervenciones simbólicas.

El debate estuvo atravesado por fuertes cruces. Desde el oficialismo, el diputado José Peluc defendió la reforma y cuestionó a la oposición, mientras que Nicolás Mayoraz sostuvo que el proyecto permite compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental. Del otro lado, voces como Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois denunciaron que la iniciativa implica un retroceso ambiental y favorece intereses mineros, generando uno de los debates más tensos de la sesión.

Finalmente, la oposición no logró frenar el avance del proyecto, pese a múltiples intentos reglamentarios y cuestionamientos. Con el apoyo de sus socios parlamentarios, el oficialismo mantuvo el control de la sesión y avanzó sin sobresaltos hacia la sanción definitiva, consolidando una reforma que reconfigura el esquema de protección de los glaciares en la Argentina.

Principales cambios en la Ley de Glaciares

• Alcance de la protección más acotado: La reforma redefine qué se considera objeto de protección. A partir de ahora, no todos los glaciares o ambientes periglaciares estarán automáticamente protegidos, sino solo aquellos que cumplan funciones hídricas específicas (por ejemplo, como reserva de agua). Esta condición deberá ser determinada en cada caso.
• Mayor poder para las provincias: Se refuerza el rol de las jurisdicciones provinciales, que pasan a tener más margen para decidir qué zonas proteger y cuáles no, además de encargarse de aplicar los criterios en su territorio. Esto implica una descentralización del control ambiental.
• Cambio en el rol del IANIGLA: El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de ser el actor central en la definición técnica de los glaciares. Su función se limita más a un registro e inventario, que las provincias deben consultar, pero sin carácter vinculante.
• Fragmentación de criterios ambientales: Al permitir que cada provincia aplique sus propios parámetros, se abandona la idea de un estándar científico único a nivel nacional, lo que puede generar diferencias en la protección según la región.
• Modificación del principio precautorio: Inicialmente, todos los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos. Sin embargo, esa protección puede retirarse si la autoridad determina que no cumplen funciones hídricas, lo que introduce un sistema más dinámico y revisable.
• Fin del esquema de prohibiciones generales: La ley anterior establecía actividades directamente prohibidas en zonas glaciares. Con la reforma, se pasa a un modelo donde cada proyecto será evaluado caso por caso, principalmente a través de estudios de impacto ambiental.
• Protección menos rígida y más condicionada: En lugar de una protección preventiva amplia, el nuevo enfoque plantea una protección sujeta a evaluaciones y decisiones posteriores, lo que habilita más margen para autorizar actividades.
• Evaluación de impacto ambiental obligatoria: Toda actividad que se quiera desarrollar en zonas glaciares o periglaciares deberá pasar por un proceso previo de evaluación ambiental, que será clave para definir si se autoriza o no el proyecto.

Qué dijo Milei tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares

Javier Milei agradeció públicamente a varios gobernadores y funcionarios tras la sanción en Diputados de la Ley de Glaciares, según un comunicado de la Oficina de la Presidencia. En el texto oficial afirmó que la norma busca “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos” y calificó el resultado de “histórico”.

“Nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental”, aseguró. El comunicado remarca que la reforma precisa “se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”, pero habilita, en base a evaluaciones técnico‑científicas provinciales, la explotación de minerales en áreas que “estaban mal catalogados como glaciares”. 

El Presidente sostuvo que “la redacción original era confusa” y provocaba interpretaciones que impedían la actividad minera incluso donde no había elementos que proteger. Además, afirmó que esas conclusiones contradecían el artículo 41 de la Constitución sobre la utilización racional de recursos y el artículo 124 que reconoce el dominio originario de las provincias.

Con la Justicia en marcha, el escándalo por los créditos a funcionarios suma presión: quiénes están bajo la lupa, qué se investiga y por qué el caso puede complicar al oficialismo.

El escándalo por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos de la Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. En las últimas horas se presentaron dos denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py, que quedaron a cargo de los jueces Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti. El caso abre interrogantes sobre el uso de fondos y posibles conflictos de interés dentro del Estado.

La controversia comenzó días atrás, cuando se difundió un listado de funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo que habrían accedido a créditos millonarios del banco estatal. La información, publicada por el sitio Cuánto Deben, desató críticas, pedidos de informes en el Congreso y cuestionamientos sobre si existieron condiciones preferenciales en el otorgamiento de esos préstamos.

La primera denuncia fue impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y apunta contra el expresidente del banco, Daniel Tillard, y el funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet. Los acusa de delitos como “defraudación por administración fraudulenta”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, en el marco de decisiones vinculadas al otorgamiento de créditos.

Créditos hipotecarios del Nación: la Coalición Cívica denuncia privilegios y tráfico de influencias – el diario de Leuco

La segunda presentación fue realizada por la diputada Mónica Frade, junto al legislador Esteban Paulón, y amplía el foco. Además de Tillard, incluye a varios beneficiarios de los préstamos, entre ellos funcionarios del área económica y directores de organismos públicos. Según plantearon, los créditos podrían no corresponderse con el nivel de ingresos declarados por algunos de los involucrados.

Entre los nombres que aparecen en la polémica figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, el director del Banco Central Pedro Inchauspe y otros funcionarios con deudas que, en algunos casos, superan los cientos de millones de pesos. La Justicia ahora busca determinar si los préstamos fueron otorgados en condiciones regulares o si existieron ventajas indebidas.

Desde el Gobierno, la respuesta fue inmediata. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió públicamente a los funcionarios y aseguró que “no tienen ventaja respecto del resto”. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno sostuvo que los créditos cumplen con los requisitos habituales del banco y que no se utilizan fondos de contribuyentes, sino recursos propios de la entidad.

Mientras tanto, el caso ya tuvo consecuencias políticas. Uno de los funcionarios involucrados, Leandro Massaccesi, fue desplazado de su cargo tras la difusión del listado. En paralelo, la fiscalía avanza en la recolección de información sobre los créditos y el Gobierno prepara su defensa judicial, en un contexto donde crecen las dudas sobre el impacto del escándalo y la posibilidad de que surjan nuevas revelaciones.