El Gobierno entra en semanas decisivas en torno a los proyectos que fueron aprobados en el Senado.
El Gobierno recibirá los proyectos de aumentos de las jubilaciones, extensión de la prórroga de la moratoria y de declaración de emergencia de la discapacidad, con lo cual el presidente Javier Milei tendrá tiempo hasta el 4 de agosto para poder vetar esas iniciativas.
Los proyectos aprobados por el Senado el 10 de Julio pasado recién serán girados hoy al Poder Ejecutivo, con lo cual comenzarán a correr los 10 días para que el Gobierno pueda vetar esas iniciativas como anunció el jefe de Estado Javier Milei.
Tras su sanción las iniciativas deben ser firmadas por los dos presidentes de las cámaras y luego el Senado debe enviarlas, y este trámite recién se terminó de cumplir hoy, según informaron fuentes parlamentarias.
El proyecto impulsado por la oposición establece un aumento del 7,2 por ciento de los haberes jubilatorios, un incremento del bono que cobran los adultos mayores que perciben la mínima de 70 a 110 mil pesos, la extensión de la moratoria que terminó en marzo por dos años, y la declaración en emergencia en materia de discapacidad.
El verdadero costo del aumento a jubilados: ¿peligran las metas con el FMI?
Según la OPC, el gasto total que implicaría la medida hasta fin de año rondaría los $2,7 billones, apenas el 0,32% del PBI. Incluso si se anualiza el costo –con el bono ya móvil incluido– la carga fiscal se elevaría al 0,78% del PBI, muy por debajo del porcentaje que comunicó Caputo antes de la votación. El organismo también aclaró que estos cálculos no contemplan la prórroga de la moratoria previsional, que sumaría presión fiscal si se aprueba.
En medio del objetivo oficial de alcanzar un superávit fiscal del 1,6% del PBI a fin de año –clave en el acuerdo con el FMI–, el Gobierno cerró el primer semestre con un superávit primario del 0,9% y uno financiero del 0,4%. Si bien el margen sigue existiendo, la nueva ley podría complicar el sendero fiscal si no se generan fuentes de financiamiento genuinas. Y ahí está el problema.
La ley establece un nuevo impuesto al IVA para directores y síndicos de sociedades, hoy exentos. Pero la OPC advierte que este cambio apenas generaría un 0,03% del PBI anual, un monto irrisorio frente al gasto proyectado. Por eso, también se apunta a reasignar partidas presupuestarias como la de la SIDE y aprovechar cambios en la política de sobrecargos del FMI para cubrir parte del desbalance.
La tensión entre las prioridades sociales y los compromisos fiscales vuelve a quedar expuesta. Con los jubilados entre los más golpeados por la inflación, el Congreso avanzó con una ley que alivia ingresos pero desafía el ajuste. Aunque el impacto no sea del 2,5% del PBI como dijo Caputo, el margen fiscal es estrecho y cada punto cuenta. El superávit no está en jaque… pero se mueve.
