El envió de vacunas a El Calafate no figura en ningún registro oficial a pesar de que la ministra lo confirmó, mientras que tampoco hay rastros de las aplicaciones. “La corrupción mata”, insistió la diputada, una de las denunciantes del caso.
Mientras continúa la investigación sobre el traslado de dosis de vacunas contra el COVID-19 desde el Hospital Posadas a El Calafate en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que intentó despejar sospechas: “Se envió a pedido de las autoridades del hospital SAMIC una partida compuestas de 2 (dos) viales multidosis, de cinco dosis cada uno, de vacunas Sputnik V, componente 1, número de lote 486081120R”, indicaron en la cartera que dirige Carla Vizzotti.
En ese mismo acto, aclararon que no se trataban de 60 vacunas rusas, sino de 10. Según explicó Vizzotti, fue un intercambio habitual entre hospitales nacionales. Sin embargo, el envío -que se hizo el 23 de enero- no aparece en los registros del Ministerio. Así lo revela la respuesta a un pedido de información pública que realizó la diputada Graciela Ocaña.
Al requerimiento de la legisladora “acompañe el detalle de todas las vacunas contra el Covid-19 que el Ministerio de Salud de la Nación envió al Hospital Samic de El Calafate, provincia de Santa Cruz, el organismo replicó con sencillez: “Se hace constar que de los registros de este Ministerio no surge que se hayan efectuado envíos de vacunas contra el COVID-19 al Hospital SAMIC de El Calafate”.
Aunque Salud puede alegar que se trató de un envío directo, el sanatorio de El Palomar, en Morón, no puede tomar unilateralmente esa decisión y debió contar con la autorización de las autoridades sanitarias. Ese permiso fue dado, solo que el traslado no fue documentado. Un detalle que puede ser una falta administrativa o parte de la operatoria de un envío VIP. Esa es la sospecha de la Justicia.
A fines de marzo, Ocaña había denunciado el caso ante la fiscalía federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, que ya investigaba el escándalo del vacunatorio VIP que derivó la salida del gabinete de Ginés González García. El fiscal y la jueza al frente del expediente, María Eugenia Capuchetti, consideraron que la maniobra podría ser parte de la misma operatoria por la cual se habrían aplicado dosis a personas por fuera del protocolo establecido, es decir, con privilegios.
De los registros de este Ministerio no surge que se hayan efectuado envíos de vacunas contra el COVID-19 al Hospital SAMIC de El Calafate. El documento con la información oficial que solicitó la diputada de Juntos por el Cambio especifica que fueron enviadas, hasta el 16 de abril pasado, 59.502 vacunas a la provincia gobernada por Alicia Kirchner, entre las que figuran varias dosis del lote 486081120R. Lo curioso es que vacunas pertenecientes a ese lote sí fueron aplicadas en Santa Cruz, pero ninguna el día del arribo del vuelo o los días subsiguientes en El Calafate.
“Las respuestas que nos brindó Vizzotti tanto cuando concurrió a la Comisión de Salud como en los distintos pedidos de acceso a la información, demuestran claramente que la Ministra lleva adelante una actitud de encubrimiento del vacunatorio VIP de El Calafate. Nunca respondió quiénes habían recibido la vacuna. Ella nos envió a la página del NOMIVAC y allí surge que nadie se vacunó con ese lote, por lo menos, hasta mediados de abril de este año”, dijo Ocaña a TN.
El informe oficial aclara que, conforme la Resolución Nº 2883/2020, que aprobó el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid -19, “el Ministerio de Salud de la Nación, como órgano rector, establece los lineamientos, recomendaciones y las estrategias de vacunación, a partir de las recomendaciones elaboradas por la CONAIN con el consenso de los distintos actores del sistema, pero son las autoridades jurisdiccionales las responsables de la implementación operativa en sus territorios”.
Este párrafo no explica por qué no fue anotado en los registros el envío de las vacunas al SAMIC, que dirigió Verónica De Cristófaro, hasta que fue nombrada como asesora de Vizzotti. Tampoco hay datos en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) de la aplicación de las 10 dosis de ese lote en el día o los días subsiguientes de la llegada de la conservadora que salió del Posadas.
Ese dato no es menor. El 6 de abril la Ministra expuso ante Diputados y respondió a las preguntas de Ocaña, entre ellas a quiénes habían sido suministradas esas vacunas.
La respuesta de Vizzotti fue escueta: “El Calafate solicitó por vía telefónica el envío de un suministro complementario para la campaña de vacunación. Según lo comunicado por las autoridades del hospital, la institución se encontraba con trabajadores de salud itinerantes, incorporaciones, proyección de colocación de vacunas a adultos mayores y personal estratégico, razón por la cual solicitó el refuerzo”.
La presunta urgencia que ameritó el intercambio no se correspondió con la premura en las aplicaciones. Al menos, ninguna de ellas fueron anotadas en el registro oficial. “No tiene explicación el envío de forma urgente de vacunas, que según la Ministra, se utilizó para inmunizar a personal, adultos mayores… todo con diez dosis”, reflexionó la dirigente opositora. “Hay que reconocer que Vizzotti ha tenido un ingenio para mentirle al Congreso y también a la Justicia”, agregó en tono irónico.
“Espero que la Justicia profundice esta investigación, donde claramente las vacunas que nosotros denunciamos fueron a El Calafate y tuvieron un destino distinto que el hospital. Un destino más oscuro vinculado a la vacunación de los amigos del poder”, denunció Ocaña.
“Las consecuencias de la falta de control y de las vacunas para los amigos, las sufre la población en cantidad de muertos -más de 72 mil- en nuevos récords de contagios y en la vuelta al encierro como única herramienta disponible ante la falta de gestión. La corrupción mata y el vacunatorio VIP es otra muestra de eso”, cerró.
El avance en la Justicia
Detrás de la nómina también está el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, que le solicitó a la responsable del sumario administrativo realizado en el Ministerio de Salud, por las presuntas irregularidades vinculadas al suministro de vacunas contra el virus COVID-19, que amplíe el objeto de investigación e informe respecto de las razones por las que sesenta dosis asignadas al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” fueron transportadas a El Calafate.
El pedido de Rodríguez apunta a determinar “cuál fue la injerencia del Ministerio de Salud en estos hechos, por qué no se utilizó el stock crítico remanente y si la distribución de dosis entre hospitales resulta legítima y no una vulneración de los criterios utilizados para su distribución original”.
En tanto, Capuchetti sigue tomando declaraciones en la causa principal. Analiza el testimonio de una empleada de asuntos legales del Ministerio. La jueza busca determinar si existió algún tipo de regulación que determinara las categorías con las que se vacunó a personas como “personal estratégico” y qué tan elástica fue esa definición.
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