El dirigente social viajó al país para relevar la situación de derechos humanos en medio de las protestas, pero las autoridades lo retuvieron por haber faltado el respeto a autoridades del aeropuerto cuando saltó una alarma en el sistema.
Colombia le negó este martes el ingreso al dirigente social argentino Juan Grabois, quien formaba parte de una delegación de observadores con la misión de relevar la situación de derechos humanos en medio de las intensas protestas que sacuden al país latinoamericano.
La Dirección de Migraciones local emitió un comunicado argumentando la decisión de expulsar al miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano.
“El día de hoy arribó al territorio nacional, por el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, una delegación de 20 personas provenientes de Argentina. Tras realizarse los procesos de control y verificación migratoria correspondientes, se autorizó el ingreso de 19 de los 20 miembros de dicha delegación”, arranca el texto oficial.
En un segundo párrafo, dan el disparador de la negativa a dejarlo entrar al país. Según explicó Migraciones saltó una alerta en el sistema “por el vencimiento de su pasaporte” y Grabois -siempre según Migraciones- “se negó a que se le realizara una verificación a sus documentos”.
“Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie“, escribió en Twitter Grabois, , antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un avión para su regreso a Buenos Aires.
Poco después, el mismo Grabois contó en la misma red social que lo subían a un vuelo con destino a Perú: “Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!”
La idea de la delegación argentina es permanecer en Colombia hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.
La misión se decidió “ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano”, explicaron los organizadores del viaje antes de partir.
En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecidos en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúa.
El objetivo final del viaje es que el grupo pueda “elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar (las violaciones a los derechos humanos) a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano”.
