Hasta cuándo tiene tiempo el Estado para pagar la millonaria cifra a la petrolera Burford Capital.
La Argentina acaba de recibir un nuevo revés judicial en el extenso juicio por la expropiación de YPF: la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que el país transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a Burford Capital, el fondo buitre que lidera la demanda. La decisión se basa en el incumplimiento del pago de USD 16.000 millones dictado en 2023, monto que ya suma intereses. Si se concreta, el Estado perdería su participación mayoritaria en una de las empresas clave para el desarrollo energético nacional, en plena expansión de Vaca Muerta.
Preska argumentó que el Estado argentino “no hizo esfuerzos” para cumplir el fallo y le dio 14 días para depositar las acciones clase D en una cuenta del Bank of New York Mellon, desde donde se transferirían a los demandantes. También sugirió caminos para evitarlo: conseguir autorización del Congreso, cambiar la legislación o llegar a un acuerdo extrajudicial. La jueza dejó en claro su frustración con la falta de negociación por parte del país, que ya atravesó cuatro gobiernos desde el inicio del litigio sin acercamientos formales con Burford.
El presidente Javier Milei anticipó que se apelará el fallo. Desde su cuenta en X, apuntó directamente contra Axel Kicillof, a quien calificó como responsable político de la expropiación en 2012, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. También calificó la decisión como una “intolerable intromisión en la soberanía”. El Gobierno buscará frenar la ejecución con un “stay”, que podría requerir una garantía de USD 10.000 millones, algo que Argentina ya se negó a ofrecer el año pasado.
El impacto económico fue inmediato: las acciones de YPF cayeron hasta 8% en Wall Street, mientras que las de Burford se dispararon más de 20% en Londres. Aunque la petrolera no es directamente culpable en el fallo, su vinculación con la causa generó una fuerte reacción en los mercados. El dólar también reaccionó al alza, superando los $1.200 en todos los segmentos. Los efectos se sintieron incluso en los bonos soberanos, que volvieron a retroceder.
En medio de esta tormenta judicial, Burford acelera su presión. Presentó nuevos pedidos de embargo y busca probar que YPF y el Estado son una misma cosa, lo que permitiría embargar activos de la empresa. Además, el caso se complejiza por otro flanco: la ONG RAFA también presentó una apelación, que fue rechazada por Preska, pero podría reactivarse. En paralelo, la defensa argentina prepara su estrategia legal ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que podría tardar un año en expedirse.
El escenario judicial se entrelaza con la política de Estados Unidos. En las últimas semanas, un proyecto del senador republicano Thom Tillis para gravar con más del 40% a las empresas de litigation funding como Burford puso en riesgo el modelo de negocios del sector. La iniciativa, que tenía puntos de contacto con propuestas de Donald Trump, fue retirada, y Tillis anunció que no buscará la reelección. En ese contexto, llegó el fallo de Preska, afín al partido republicano, lo que le dio una nueva dimensión geopolítica a la causa.
Por ahora, no hay pagos inminentes, pero sí una cuenta regresiva legal. Argentina tiene días para decidir si cumple, negocia o entra en conflicto con un tribunal clave de Estados Unidos. El riesgo de quedar en desacato podría tener consecuencias más allá del caso YPF, afectando la reputación del país ante inversores, organismos multilaterales y posibles acuerdos de financiamiento internacional. Negociar con Burford, aunque doloroso, aparece cada vez más como una alternativa menos dañina que seguir estirando el conflicto.
