Es impulsado por el Gobierno, el PRO y otros aliados. Detalles del borrador en el que trabajaron más de 100 diputados.
El oficialismo, el PRO y varios aliados legislativos buscarán este jueves avanzar con la aprobación de un nuevo Régimen Penal Juvenil en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados. El eje más controvertido del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque también incluye un enfoque integral para abordar el conflicto de los adolescentes con la ley. El tema generó fuerte resistencia de Unión por la Patria, la izquierda, organizaciones de derechos humanos y sectores de la Iglesia Católica, representados por monseñor Dante Braida, quien expresó su rechazo público: “Encerrar a un chico no resuelve el problema de raíz”.
El debate tomó impulso tras una serie de crímenes cometidos por menores, siendo el más conmocionante el asesinato de Kim Gómez, una nena de 7 años, arrastrada por el auto que dos adolescentes de 14 y 17 años le habían robado a su madre. El caso puso en primer plano la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil. Si bien existen 15 proyectos diferentes, el texto que logró más apoyo será tratado por las comisiones de Legislación Penal (Laura Machado, PRO), Familias, Niñez y Juventudes (Roxana Reyes, UCR), Presupuesto (José Luis Espert, LLA) y Justicia (Manuel Quintar, LLA).
Aunque Unión por la Patria se opone en general a bajar la edad de imputabilidad, algunos de sus miembros como Ramiro Gutiérrez (massismo) presentaron propuestas que también fijan los 14 años como límite. El proyecto consensuado contempla la derogación de la ley 22.278, vigente desde la dictadura militar, y su reemplazo por un régimen moderno, de 53 artículos y once capítulos, que incorpora estándares internacionales de protección de los derechos de la infancia, muchas veces ignorados por el sistema actual.
La propuesta del gobierno de Javier Milei, elaborada por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, originalmente bajaba la imputabilidad a 13 años. Incluso, el presidente defendió el principio de “delito de adulto, pena de adulto”, endureciendo el debate. Sin embargo, el proyecto que se tratará apunta a un enfoque más equilibrado, basado en evidencia científica y opiniones de especialistas como neurólogos, que sostienen que a los 14 años existe capacidad de comprender la ilicitud de los actos.
El nuevo régimen no plantea que todos los adolescentes vayan presos, sino que incorpora penas alternativas y medidas complementarias que varían según la edad y gravedad del delito. Entre ellas, se incluyen: tratamiento psicológico, inclusión en programas educativos, capacitación laboral, y prohibición del consumo de sustancias. También se establecen límites claros: no habrá prisión perpetua para menores, y se prevén modalidades atenuadas como institutos abiertos o prisión domiciliaria.
Uno de los consensos más firmes es evitar que los adolescentes cumplan penas en cárceles comunes. El texto exige que, en caso de internación, se notifique al juez civil competente para garantizar un seguimiento integral. Legisladores reconocieron que hoy, muchos chicos de menos de 16 años están encerrados bajo “medidas tutelares” sin juicio ni defensor, lo que expone un vacío legal que la reforma busca cerrar con reglas claras, respetando garantías procesales y protegiendo a la sociedad.
El proyecto consensuado también incorpora un conjunto de principios fundamentales, como el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones, y la resocialización como objetivo central. Se prioriza la celeridad, el derecho a ser oído, y la participación de los padres. Además, se reconoce la posibilidad de que el adolescente renuncie a la reserva procesal si desea expresarse públicamente. La ley obliga al Estado a garantizar el acceso a la educación, salud y orientación laboral. Con este enfoque, el Congreso busca modernizar el sistema penal juvenil argentino después de más de cuatro décadas de parálisis.
