Durante los alegatos de los fiscales en el juicio por la obra pública, trascendió que un empleado del Congreso fue de apuro a pedir sus declaraciones juradas.
La Justicia está llena de topos y Cristina Kirchner siempre sabe de antemano cómo vienen las investigaciones en su contra.
Cuando tiene control sobre la ruta de las causas -una composición favorable de los tribunales orales o de las salas de Casación por donde viajen sus expedientes- es una cosa.
Cuando los magistrados son independientes o no les anticipan simpatías explícitas a sus abogados y operadores, es otra.
Entonces se encienden las alarmas y arranca la máquina. Operación Carpetazo.
Aunque siempre con la guardia alta y sobreactuando su victimización, Cristina había estado más tranquila en la previa de los juicios inminentes por el Pacto con Irán y por Hotesur-Los Sauces.
¿Qué pasó allí? Sus abogados presentaron un pedido de alegato previo al juicio -algo inédito y que no existe en la ley- y los tribunales se los concedieron.
Después de escuchar sus argumentos, decidieron no hacer los juicios.
Es decir: le permitieron hablar a la imputada fuera del juicio y la absolvieron directamente, sin enfrentarse a las pruebas ni a los testigos.
En el Pacto con Irán, el testigo 56 era el ex espía de la SIDE Antonio Stiuso. Por las dudas, mejor que no hable.
En ese fallo llamó la atención que los jueces tomaran al pie de la letra -casi textuales- los argumentos de Cristina, y reivindicaran al ex canciller Héctor Timerman casi con las mismas palabras con que en los días previos lo habían hecho la ex presidenta y sus abogados.
Si ese fallo estaba escrito y firmado, Cristina no lo dijo. Era a favor.
Tampoco encendió la máquina del apriete el hecho de que en los dos tribunales distintos que la absolvieron sin juicio actuó el mismo juez. Daniel Obligado ya había liberado a Amado Boudou por hacer cursos de electricidad en la cárcel.
Ahora Cristina trató de dilatar este juicio en su contra por las obras de Vialidad de Lázaro Báez pero la Corte rechazó los recursos.
La composición del tribunal tampoco le daba garantías (aunque los tres jueces fueron nombrados por ella) y los fiscales eran herméticos respecto a cómo la acusarían.
La máquina del apriete se puso en marcha.
Primero, el diputado ultra K Rodolfo Tailhade creó un canal en YouTube prometiendo las declaraciones juradas de “los jueces del lawfare”.
Pocos días después, intrusos entraron a robar datos reservados de los jueces a una oficina de la Magistratura.
Entre los 24 sobres abiertos, estaban los de los tres jueces de este tribunal de la causa Vialidad.
Enseguida, la propia Cristina salió a decir que su condena estaba “escrita y firmada”.
Sobre ese escenario, este lunes los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola empezaron a describir cómo Néstor y Cristina Kirchner armaron un sistema para saquear al Estado simulando licitaciones que siempre ganaba Lázaro Báez, el hombre que fundó su empresa 12 días antes de que Néstor asumiera la Presidencia y la abandonó pocos días antes de que Cristina dejara la suya, después de coordinar un plan llamado “limpiar todo”.
Con minuciosidad de orfebres, los fiscales graficaron la anatomía de un robo.
Las acciones de apriete con un “carpetazo” hacia los acusadores comenzaron de inmediato.
Además de los tuis encolumnados en el hashtag #TodosConCristina, el ministro de Justicia difundió un registro de entrada a la Casa Rosada de 2016 donde figura el fiscal Mola.
Junto a esa imagen, posteó una foto de Mola jurando ante el procurador Casal frente a figuras del gobierno de Macri como Patricia Bullrich y Cristian Ritondo.
Como Casal y Ritondo aparecen en fotos diferentes, Soria hizo un montaje para que aparezcan juntos.
Truchó dos fotos originales para “pegar” mejor al fiscal Mola a los políticos de Cambiemos.
Tras fracasar estrepitosamente en su tarea de intimidar a la Corte -en su gestión, la Corte no sólo se fortaleció sino que además entró en la Magistratura- el ministro ya no sabe qué hacer para conservar su puesto.
Con Luciani, el otro fiscal, todavía no obtuvieron nada.
Fueron a revisar su nombramiento, pero hallaron en su pliego la firma de quien lo propuso para el cargo: Cristina Fernández de Kirchner.
No le avisaron a Oscar Parrilli, quien otra vez lució descolocado. Acababa de decir que Luciani “cumple órdenes de Macri”.
Hace tres años, la propia Cristina se lo había dicho a Parrilli con todas las letras: “Hay que salir a apretar jueces”.
Ahora queda menos tiempo y los juicios avanzan.
En paralelo a estas acciones “públicas”, el martes -mientras los fiscales ampliaban la acusación contra Cristina- un empleado del Congreso llegó apurado a la Mesa de Entradas de la Procuración y pidió las declaraciones juradas patrimoniales de Luciani y Mola.
No le interesó ningún otro. Sólo ellos dos.
El empleado se llama Matías Duarte y trabajó en la localidad de Malvinas Argentinas y en el Ministerio de Justicia al mismo tiempo que el ahora diputado Tailhade, ex concejal de Malvinas Argentinas.
Su jefe Tailhade lo mandó corriendo a juntar datos para ver si consiguen armar un carpetazo contra los fiscales durante la acusación contra Cristina, que seguirá este viernes y se extenderá al menos durante seis audiencias más.
En paralelo, la Secretaría de Derechos Humanos advirtió sobre una “persecución judicial” a Cristina y dijo que corresponde “investigar los actos en los cuales las autoridades estatales puedan vulnerar derechos”.
¿Fiscales que acusan a imputados durante un juicio oral y público vulneran los derechos humanos?
La máquina de la estupidez es imparable.
Información de Clarín
