El titular Osvaldo Armoza reclamó avanzar con el juicio en ausencia y cuestionó la falta de avances en la investigación. Javier Milei participó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
A 32 años del atentado contra la AMIA, el presidente de la institución, Osvaldo Armoza, renovó el reclamo de justicia por las 85 víctimas fatales y cuestionó la falta de avances en la investigación. Durante el acto conmemorativo sostuvo que, después de más de tres décadas, la impunidad sigue siendo una deuda del Estado y apuntó contra el funcionamiento de la Justicia.
En su discurso, Armoza advirtió que la amenaza vinculada al terrorismo internacional continúa vigente y pidió reforzar los controles de seguridad en la Triple Frontera, zona compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. Afirmó que ese territorio sigue siendo un punto de preocupación por la posible presencia y financiamiento de organizaciones extremistas vinculadas a Irán y Hezbollah.
El titular de la AMIA también reclamó que el juicio en ausencia contra los acusados iraníes avance sin demoras y remarcó que las herramientas legales recientemente incorporadas deben servir para acercar verdad y justicia a los familiares de las víctimas. Recordó que ninguno de los responsables del atentado fue condenado hasta el momento.
Durante la ceremonia participaron el presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete nacional, dirigentes de la comunidad judía y familiares de las víctimas. El acto volvió a poner en el centro del debate la necesidad de mantener viva la memoria del atentado y de evitar que el caso permanezca impune.
El atentado contra la sede de la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba destruyó el edificio ubicado en la calle Pasteur, en la ciudad de Buenos Aires. El ataque dejó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el peor atentado terrorista de la historia argentina.
Al cerrar el homenaje, las autoridades de la AMIA insistieron en que el paso del tiempo no puede convertirse en un obstáculo para el esclarecimiento del caso. El reclamo de justicia, sostuvieron, sigue siendo una obligación del Estado y un compromiso permanente con la memoria de las víctimas y sus familias.
