Con el respaldo del PRO, la UCR y aliados provinciales, el oficialismo consiguió el número para sancionar la norma.
La Cámara de Diputados vivió una jornada clave en la que el oficialismo logró avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares. Con 129 legisladores presentes, el bloque de La Libertad Avanza consiguió el quórum necesario gracias al respaldo de aliados como el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. Ese respaldo inicial fue determinante para encaminar una sesión que, contra los pronósticos, terminó siendo más ordenada y favorable para el Gobierno.
El desenlace llegó pasada la una de la madrugada, cuando se concretó la votación definitiva: 137 votos a favor contra 111 en contra. La diferencia reflejó un margen más amplio del esperado y consolidó el triunfo oficialista. Incluso, la seguridad en el resultado llevó a que varios diputados libertarios desistieran de sus exposiciones: “Están los votos, que se queden con los discursos”, sintetizó uno de ellos, marcando el clima de confianza que dominó el tramo final.
Esa certeza política también quedó expuesta horas antes, cerca de las 22, con la presencia de Karina Milei en el recinto. Desde el palco, la secretaria general de la Presidencia siguió el cierre del debate, en una señal clara de que el Gobierno daba por asegurada la aprobación. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, organizaciones como Greenpeace intentaban visibilizar su rechazo con intervenciones simbólicas.
El debate estuvo atravesado por fuertes cruces. Desde el oficialismo, el diputado José Peluc defendió la reforma y cuestionó a la oposición, mientras que Nicolás Mayoraz sostuvo que el proyecto permite compatibilizar desarrollo económico y protección ambiental. Del otro lado, voces como Maximiliano Ferraro, Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois denunciaron que la iniciativa implica un retroceso ambiental y favorece intereses mineros, generando uno de los debates más tensos de la sesión.
Finalmente, la oposición no logró frenar el avance del proyecto, pese a múltiples intentos reglamentarios y cuestionamientos. Con el apoyo de sus socios parlamentarios, el oficialismo mantuvo el control de la sesión y avanzó sin sobresaltos hacia la sanción definitiva, consolidando una reforma que reconfigura el esquema de protección de los glaciares en la Argentina.
Principales cambios en la Ley de Glaciares
- Alcance de la protección más acotado: La reforma redefine qué se considera objeto de protección. A partir de ahora, no todos los glaciares o ambientes periglaciares estarán automáticamente protegidos, sino solo aquellos que cumplan funciones hídricas específicas (por ejemplo, como reserva de agua). Esta condición deberá ser determinada en cada caso.
- Mayor poder para las provincias: Se refuerza el rol de las jurisdicciones provinciales, que pasan a tener más margen para decidir qué zonas proteger y cuáles no, además de encargarse de aplicar los criterios en su territorio. Esto implica una descentralización del control ambiental.
- Cambio en el rol del IANIGLA: El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de ser el actor central en la definición técnica de los glaciares. Su función se limita más a un registro e inventario, que las provincias deben consultar, pero sin carácter vinculante.
- Fragmentación de criterios ambientales: Al permitir que cada provincia aplique sus propios parámetros, se abandona la idea de un estándar científico único a nivel nacional, lo que puede generar diferencias en la protección según la región.
- Modificación del principio precautorio: Inicialmente, todos los glaciares incluidos en el inventario seguirán protegidos. Sin embargo, esa protección puede retirarse si la autoridad determina que no cumplen funciones hídricas, lo que introduce un sistema más dinámico y revisable.
- Fin del esquema de prohibiciones generales: La ley anterior establecía actividades directamente prohibidas en zonas glaciares. Con la reforma, se pasa a un modelo donde cada proyecto será evaluado caso por caso, principalmente a través de estudios de impacto ambiental.
- Protección menos rígida y más condicionada: En lugar de una protección preventiva amplia, el nuevo enfoque plantea una protección sujeta a evaluaciones y decisiones posteriores, lo que habilita más margen para autorizar actividades.
- Evaluación de impacto ambiental obligatoria: Toda actividad que se quiera desarrollar en zonas glaciares o periglaciares deberá pasar por un proceso previo de evaluación ambiental, que será clave para definir si se autoriza o no el proyecto.
Qué dijo Milei tras la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares
Javier Milei agradeció públicamente a varios gobernadores y funcionarios tras la sanción en Diputados de la Ley de Glaciares, según un comunicado de la Oficina de la Presidencia. En el texto oficial afirmó que la norma busca “garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos” y calificó el resultado de “histórico”.
“Nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental”, aseguró. El comunicado remarca que la reforma precisa “se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas”, pero habilita, en base a evaluaciones técnico‑científicas provinciales, la explotación de minerales en áreas que “estaban mal catalogados como glaciares”.
El Presidente sostuvo que “la redacción original era confusa” y provocaba interpretaciones que impedían la actividad minera incluso donde no había elementos que proteger. Además, afirmó que esas conclusiones contradecían el artículo 41 de la Constitución sobre la utilización racional de recursos y el artículo 124 que reconoce el dominio originario de las provincias.
