¿Debe renunciar? ¿Alcanzan sus explicaciones? ¿Qué investiga la fiscalía sobre sus viajes? Nuevos datos ponen el foco en el escándalo.
El caso que involucra a Manuel Adorni ya dejó de ser solo una investigación judicial y pasó a tener un fuerte impacto político. Las sospechas por presunto enriquecimiento ilícito no solo avanzan en la Justicia, sino que también golpean su imagen pública. En paralelo, la fiscalía pone la lupa sobre más de 15 viajes realizados durante su gestión.
Un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba refleja con claridad ese deterioro. La imagen negativa del funcionario trepó al 66%, mientras que la positiva quedó en apenas 21,5%, marcando una brecha amplia. Aunque el desgaste venía en aumento, el salto más fuerte coincide con la explosión del llamado “AdorniGate”, que amplificó el tema en la opinión pública.
El nivel de conocimiento del caso también es alto. Según la encuesta, más del 70% de los consultados asegura haber escuchado o leído sobre las denuncias. Dentro de ese grupo, un 36,9% dice estar bastante informado, mientras que otro 35,1% reconoce tener algún conocimiento, lo que confirma que el tema logró instalarse con fuerza en la agenda.
Ese nivel de visibilidad se traduce en una fuerte demanda social. El 77,9% considera que Adorni debe explicar cómo financia sus viajes, en línea con la exigencia de transparencia para los funcionarios públicos. Aún más contundente es el dato sobre su continuidad: el 70,4% cree que debería renunciar, frente a solo un 18,2% que rechaza esa posibilidad.
Mientras el Gobierno intenta contener el impacto político, la investigación avanza. La fiscalía pidió información sobre entre 15 y 19 viajes realizados en el último tiempo, con el objetivo de determinar cuáles fueron oficiales y cuáles personales, y cómo fueron financiados. También aparecen bajo análisis algunos viajes realizados por su esposa, Bettina Angeletti.
A esto se suman dudas sobre el crecimiento patrimonial de la pareja, incluyendo la compra de al menos dos propiedades en los últimos años. El foco está puesto en un posible aumento desproporcionado respecto de sus ingresos y en explicaciones consideradas inconsistentes. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el respaldo político y busca ordenar la agenda, aunque crecen las dudas sobre hasta dónde puede escalar el caso y su impacto en la imagen del oficialismo.
