La senadora nacional detalló los alcances de su proyecto de ley para frenar la “industria de la exclusión”. La iniciativa propone elevar las penas actuales, que hoy son excarcelables, y castigar con hasta 9 años de cárcel a los profesionales que fragüen informes para romper vínculos familiares.
El debate sobre las denuncias falsas en el ámbito de familia volvió a instalarse con fuerza en el Congreso, impulsado por la senadora Carolina Losada. En declaraciones públicas, la legisladora planteó la necesidad de endurecer las penas contra quienes utilizan el sistema judicial de manera indebida, al considerar que estas prácticas no solo perjudican a los acusados, sino que también desvían recursos que deberían destinarse a víctimas reales de violencia.
“Desconocer que existen las denuncias falsas es una injusticia”, sostuvo Losada, quien además reveló haber sido víctima de una acusación de este tipo tras organizar un evento sobre el tema. Según explicó, este tipo de maniobras buscan silenciar a quienes cuestionan el funcionamiento actual del sistema, al tiempo que generan un daño profundo en las personas involucradas.
El núcleo del proyecto está en el endurecimiento de las penas, con la intención de que dejen de ser excarcelables en muchos casos. La iniciativa propone:
- Falsa denuncia general: penas de 1 a 3 años de prisión.
- Agravantes por abuso o violencia de género: entre 3 y 6 años, especialmente si involucran a menores.
- Sanciones a profesionales: de 3 a 9 años de cárcel para peritos, psicólogos o abogados que participen en denuncias falsas, además de inhabilitación para ejercer.
Uno de los argumentos más fuertes que expuso la senadora es el impacto en casos reales, como el de Lucio Dupuy. Según Losada, el niño fue separado de familiares que advertían sobre situaciones de violencia debido a denuncias falsas, lo que terminó en un desenlace trágico. Para la legisladora, estos casos reflejan cómo el sistema puede fallar cuando se manipulan herramientas legales.
El proyecto también busca poner el foco en los derechos de los niños, señalando que las denuncias falsas pueden generar rupturas familiares prolongadas y vulnerar tratados internacionales. En ese sentido, Losada advirtió que el daño no es solo judicial, sino también emocional y social, con consecuencias que pueden extenderse durante años.
Tras varios intentos fallidos en el pasado, la senadora considera que el contexto político actual es más favorable para avanzar. El proyecto ya obtuvo dictamen de comisión y apunta a conseguir media sanción en el Senado. “La justicia no puede ser un trámite gratuito para destruir vidas”, afirmó, en una señal de que el tema comienza a ganar visibilidad en la agenda pública.
