Hablan de “falta de sustento legal” y dicen que el impuesto es “inconstitucional” por no haberse prorrogado la Ley de Emergencia Pública. El sector pide que lo resuelva el Congreso o, en caso contrario, elevarán su reclamo a la justicia.
La soga entre el campo y el Gobierno está más tirante que nunca. Ahora en el agro están evaluando la posibilidad de presentarse en la Justicia para que se establezca en qué situación quedan los derechos de exportación tras el vencimiento de la Ley de Solidaridad Social que facultaba al Poder Ejecutivo a establecer las alícuotas correspondientes al referido gravamen, y luego que se rechazara el presupuesto del presente año en la Cámara de Diputados, que contemplaba la prorroga de dicha facultad por dos años.
La opción de ir por la vía judicial fue adelantada el sábado durante la asamblea de productores en Armstrong por parte del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y además los dirigentes y productores de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una presentación judicial.
Desde la Sociedad Rural Argentina también señalaron que “las retenciones son inconstitucionales”, ya que sostienen que “desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el Estado debería dejar de cobrarlos. El impuesto ya no tiene sustento legal, pues venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente la reglamentación de los derechos de exportación”.
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser fijadas por ley del Congreso, salvo que éste delegue esa potestad en el Ejecutivo. “No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro”, manifestó Pino. Las retenciones contemplan alícuotas del 33% para la soja, del 12% para el resto de los granos y del 9% para la carne vacuna.
“El tema se mantendrá en análisis permanente de acuerdo al comportamiento de los mercados y la reacción que vaya adoptando la cadena de comercialización, el gobierno nacional y el sector productivo”, comentaron desde Apronor. Roberto Palomo, integrante de la entidad, sostuvo que desde su espacio y junto al equipo de abogados, están evaluando diferentes alternativas. En ese sentido, aseguró que la presentación de un recurso de amparo es difícil porque hay requisitos que no se cumplen, como por ejemplo el de la urgencia de daño o de perjuicio sobre la persona.
