A través del DNU 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó la Ley 25.871.
El Gobierno de Javier Milei anunció una reforma migratoria por decreto, que será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días. La medida, presentada por el vocero presidencial Manuel Adorni junto a la ministra Patricia Bullrich, endurece las condiciones para otorgar residencia a extranjeros, habilita la expulsión de personas que cometan delitos y arancelará servicios públicos para quienes no tengan residencia permanente.
Uno de los puntos más destacados es que ningún extranjero con condena judicial podrá ingresar al país y quienes cometan delitos en Argentina, sin importar la pena, serán deportados. Se contempla también negar el ingreso o expulsar a personas que hayan cometido delitos con penas menores a 5 años. Sin embargo, el Gobierno aún no precisó cómo ni cuándo se ejecutarán estos procesos.
Además, se cobrará el acceso a la salud pública a residentes transitorios, temporarios o irregulares, quienes también deberán contar con seguro médico obligatorio al ingresar al país. Las universidades nacionales podrán fijar aranceles para estos mismos grupos, aunque se excluye del cobro a los niveles inicial, primario y secundario. Según datos oficiales, la atención sanitaria a extranjeros representó un gasto de $114.000 millones.
La decisión revive una iniciativa similar impulsada por Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri a través del DNU 70/2017, que fue derogado en 2021 por Alberto Fernández tras denuncias de organizaciones sociales y un fallo judicial que lo declaró inconstitucional por vulnerar estándares internacionales de derechos humanos. La Sala V de la Cámara Contenciosa advirtió que ese decreto afectaba el debido proceso y el acceso a la justicia de los migrantes, al imponer mecanismos exprés de expulsión.
El Ejecutivo justifica el nuevo decreto con datos del sistema penitenciario: hasta diciembre de 2023 había 6.644 extranjeros detenidos (el 6% del total del país), mayormente de Paraguay, Bolivia y Perú. En el sistema federal, los extranjeros representan el 16% de los presos y en Buenos Aires, el 45%. Aunque los números fueron usados para argumentar la medida, el 39% de los detenidos no tiene condena firme y la tasa de encarcelamiento se encuentra en su nivel histórico más alto.
El presidente Milei había anticipado esta medida el 1° de marzo ante el Congreso. Afirmó que Argentina debe dejar de ser un “centro de beneficios pagados por el bolsillo de los argentinos” y que la reforma migratoria es parte de su plan para construir un país “serio”. El uso del DNU para este tema ya despertó críticas de sectores opositores y podría volver a judicializarse como ocurrió en 2017.
