La medida del Ejecutivo provocó que unos 5.000 empleados pasen a “libre disponibilidad”. Gendarmería controlará las infracciones de tránsito en rutas y autopistas.
En el último día de vigencia de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, el gobierno de Javier Milei anunció una profunda reestructuración del sistema de transporte terrestre en Argentina. La medida incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, además de la transformación de la CNRT en una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El anuncio fue hecho este lunes por el vocero Manuel Adorni y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en Casa Rosada.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, aseguró Adorni, al justificar el cierre de organismos que, según el Gobierno, presentaban superposición de funciones, estructuras sobredimensionadas y gastos innecesarios. Sturzenegger, por su parte, remarcó que no buscarán extender las facultades delegadas, diferenciándose del kirchnerismo, y defendió la decisión en medio de una protesta de trabajadores de Vialidad frente a la sede central.
Según detallaron desde la Secretaría de Transporte, la red vial nacional, que abarca más de 40.000 km y 118 rutas, será gestionada de forma distribuida entre el Ministerio de Economía, el nuevo organismo de control y un Consejo Vial Federal. El Gobierno también ratificó su plan de privatización de rutas, licitando sin subsidios 9.120 km de autopistas, pese al escaso interés del sector privado hasta el momento.
El personal de Vialidad, compuesto por más de 5.000 empleados, pasará a “libre disponibilidad”, aunque el Ejecutivo aclaró que algunos seguirán cumpliendo funciones específicas. Según Transporte, el 67% de los trabajadores viales realiza tareas administrativas, lo que evidencia —según el oficialismo— el “sobredimensionamiento” del organismo.
La nueva Agencia de Control asumirá funciones clave que tenía la CNRT, como la fiscalización de concesiones, la intervención en accidentes ferroviarios, sanciones a empresas y el canal de denuncias de usuarios. En tanto, otras competencias pasarán a la Subsecretaría de Transporte Automotor. También se disuelve la ANSV, cuyo rol será asumido por Gendarmería y Transporte, encargados desde ahora de vigilar infracciones en rutas y autopistas nacionales.
Finalmente, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) será transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que limitará su alcance exclusivamente al transporte aéreo civil. La investigación de siniestros automotores quedará en manos del Ministerio de Transporte, cerrando así un nuevo capítulo en la estrategia del Gobierno por achicar el Estado y externalizar funciones históricamente públicas.
