Otros cinco integrantes de la comunidad también recibieron la sentencia de prisión en suspenso.

El Tribunal Oral Federal de General Roca dictó condenas en suspenso contra miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsables de la toma de tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche. El fallo consideró que incurrieron en el delito de usurpación por despojo, aunque las penas –que van desde un año a dos años y seis meses– no serán de cumplimiento efectivo. La decisión fue más leve de lo solicitado por la Fiscalía Federal y las querellas, que pedían prisión efectiva.

Uno de los integrantes condenados de la comunidad Lafken Winkul Mapu es Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por el testimonio irreal que brindó durante la desaparición del activista fallecido Santiago Maldonado (dijo que con sus binoculares había visto cómo Gendarmería trasladaba al activista). El Juez ordenó la inmediata liberación de Santana, que cumplía reclusión domiciliaria, y le unificó las penas por otros delitos anteriores, fijándole tres años de prisión en suspenso.

También fueron condenadas Luciana Jaramillo y Romina Rosas (a 2 años y 4 meses), la machi Betiana Colhuan (2 años y 2 meses), y Celeste Ardaiz Güenumil (un año), todas en libertad bajo condiciones. Además, el juez Alejandro Silva rechazó el pedido de Parques Nacionales de retirar el “rewe”, una estructura ceremonial mapuche que permanece en los terrenos ocupados.

La usurpación comenzó en noviembre de 2017, cuando la comunidad se instaló en dos predios de Parques Nacionales y desde allí avanzó sobre otras propiedades, como el ex Hotel Ios –luego demolido por daños estructurales– y las estancias privadas Los Radales y La Escondida. Durante su permanencia, que se extendió hasta octubre de 2022, se denunciaron múltiples actos de vandalismo, amenazas a turistas y ataques a vehículos que transitaban por la zona.

Pese a que los acusados intentaron justificar sus acciones con el argumento de una preexistencia ancestral en esas tierras, el tribunal no encontró sustento legal suficiente. Durante el juicio, Santana negó los cargos: “No hay pruebas reales ni concretas”, aseguró. Su pareja, la autoridad espiritual del grupo, pidió que se respete el espacio ceremonial del rewe y denunció “persecución política y cultural”.

En la misma causa también se investiga la destrucción de propiedades y el despojo de terrenos pertenecientes al Estado nacional. Según la ex jueza Silvina Domínguez, quien unificó las causas, los imputados participaron en más de un hecho delictivo, y se buscó probar su responsabilidad como coautores. En los alegatos, la fiscalía había solicitado hasta cuatro años de prisión para Colhuan, Santana, Jaramillo, Rosas y Jéssica Bonefoi, y penas menores para Ardaiz Güenumil, por tener menor grado de participación.

El proceso judicial, que se inició a fines de febrero, incluyó el testimonio de efectivos federales, ex funcionarios y empleados del Parque Nacional Nahuel Huapi. La sentencia final dejó en evidencia el delicado equilibrio entre el reclamo identitario mapuche y la propiedad pública y privada afectada. Aunque los condenados seguirán en libertad, deberán cumplir pautas de conducta durante el mismo período que dura su condena.