Aún si vuelve a la cárcel como reclamaron los fiscales, el ex vicepresidente a mediados de este año podría pedir salidas transitorias, y en 2022 formalizará el requisito temporal para dejar el penitenciario.
Información de Lucía Salinas en Clarín
Amado Boudou se convirtió en el primer ex vicepresidente con una condena por corrupción firme. Pero además, fue de los ex funcionarios kirchneristas el que más veces ingresó y salió del Penal de Ezeiza. Ahora bajo el beneficio de la prisión domiciliaria concedido en plena pandemia en abril del año pasado, el ex compañero de fórmula de Cristina Kirchner aguarda por una cuenta que podría ser su salvoconducto: aún si vuelve a la cárcel, como reclamaron los fiscales, a mediados de este año podría pedir salidas transitorias, y en 2022 -con los dos tercios de la condena cumplidos- formalizará el requisito temporal para dejar el penitenciario.
El 3 de noviembre de 2017 Boudou ingresó por primera vez a la cárcel. Aunque ni siquiera lo había indagado, el juez Ariel Lijo ordenó detenerlo en una causa donde se lo había imputado por lavado de dinero. En ese expediente se amplió el objeto de investigación y también acumuló el delito de presunto enriquecimiento ilícito. Esa primer estadía tras las rejas duró unos pocos meses: el 13 de enero fue excarcelado.
Pero Amado Boudou tenía en claro que aquella medida judicial sería temporal. Ya se encontraba en las instancias finales el juicio por la compra de la imprenta Ciccone, lo que devino en una condena. Ese mismo 17 de agosto de 2018 regresó a la cárcel. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) lo encontró responsable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Pero ese regreso también fue más breve a los cinco años y diez meses a los que había sido sentenciado. El 11 de diciembre de ese año, con voto dividido, el TOF 4 ordenó excarcelar a Boudou. Pero dos meses después, más exactamente, el 18 de febrero de 2019, tras la apelación de las querellas -la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA)-, la Cámara de Casación determinó que el ex vice regrese al Penal de Ezeiza.
Fue entonces cuando transitó su estadía más prolongada dentro del penitenciario federal: un año y dos meses. Después, apenas iniciada la cuarentena por el coronavirus, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le otorgó el arresto domiciliario. Aún se encuentra bajo esa modalidad, en la vivienda del barrio de Avellaneda que según contó Infobae alquiló por 18 meses a 840.000 más IVA.
Estas ùltimas decisiones de ingreso y egreso de la cárcel se tomaron en el marco del caso Ciccone. La sentencia no se encontraba firme, y fue el argumento recurrente de la defensa de Boudou para reclamar su salida de prisión. Sin embargo, esa situación se revirtió el 3 de diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Cámara de Casación que había avalado la sentencia del TOF 4 cuando lo acusó de corrupción.
Pasó un mes desde el fallo unánime del máximo tribunal hasta que el mismo juez Obligado -y por dos pedidos contundentes de la fiscal Guillermina García Padín y su par Marcelo Colombo- dictaminó que la prisión domiciliaria quede revocada, ordenando que Boudou vuelva a la cárcel para cumplir su condena.
La defensa del ex vice, conformada por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quien además se desempeña como asesora en el Congreso que preside Cristina Kirchner, tiene hasta mediados de febrero para apelar. Buscarán mantener a Boudou bajo arresto domiciliario.
Pero hay una cuenta que acompaña la estrategia legal: la condena concluye el 1 de junio de 2024. Empieza entonces, el uso de la calculadora, ya que al cumplir dos tercios de la pena podrá acceder a la libertad condicional. En Comodoro Py estiman que esto será hacia julio de 2022.
Sin embargo, antes de ello, a mediados de este año, si queda detenido el ex vice podrá comenzar a solicitar las salidas transitorias. Todos los cálculos son aproximados “ya que estaban tramitando el estímulo educativo, que de serle favorable adelanta esas fechas”, explicó una fuente del expediente a Clarín.
Antes de resolver dónde Boudou cumplirá la sentencia confirmada por la Corte, el juez Obligado solicitó al Servicio Penitenciario Federal, que se detalle en “un informe pormenorizado de los cursos y talleres que hubiere realizado el nombrado en su permanencia dentro de esa institución”.
También le solicitó “a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad de Avellaneda que informen respecto de Amado Boudou los estudios que hubiera cursado este año 2020, la aprobación de los ciclos educativos, las materias cursadas y toda otra información correspondiente a su trayectoria educativa en la institución, y remitan en caso de contar con la misma, la documentación pertinente”.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, esto responde a “un posible estímulo educativo (art. 140 de la ley 24660) por el cual se pueden reducir los plazos para acceder a alguna salida o libertad condicional”. Es decir, estos pedidos no sólo demoran la decisión, sino que podrían terminar implicando una mejora en la situación penal del ex vice.
