La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena por la Tragedia de Once, y el Tribunal Oral Federal N°4 ordenó la inmediata detención del exministro Julio De Vido, quien deberá cumplir cuatro años de prisión por administración fraudulenta. La decisión marca un nuevo capítulo en el extenso historial judicial del kirchnerismo, donde decenas de exfuncionarios enfrentan condenas o procesos por corrupción vinculados a su paso por el poder entre 2003 y 2015.
De Vido, uno de los hombres más poderosos de aquellos años, acumula ya dos condenas firmes —la de Once y la compra de trenes usados a España y Portugal—, y figura entre una treintena de exdirigentes procesados por delitos contra el patrimonio del Estado. Según estimaciones oficiales, más de 40 funcionarios del kirchnerismo fueron investigados o condenados por hechos de corrupción en la última década, muchos de los cuales tuvieron impulso inicial de la Oficina Anticorrupción (OA), aunque varios procesos se ralentizaron con los cambios de gobierno.
Durante la gestión de Javier Milei, la OA reactivó parte de esas investigaciones. Según un informe elevado al Congreso por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el organismo presentó 129 denuncias penales, de las cuales 17 involucran a funcionarios de la administración anterior. Entre ellos, destacan los casos de los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, ambos procesados en causas de alto impacto político y mediático.
La expresidenta, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad por irregularidades en la adjudicación de obras públicas, enfrenta además el juicio de los Cuadernos de las Coimas, y la reapertura de los expedientes Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, por orden de la Corte Suprema. Por su parte, el expresidente Alberto Fernández fue procesado en la Causa Seguros, acusado de presuntas maniobras irregulares en la contratación de seguros estatales que generaron pérdidas millonarias al erario público.
A ellos se suman figuras emblemáticas como Amado Boudou, José López, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Guillermo Moreno, Felisa Miceli, Romina Picolotti y varios exsecretarios y empresarios cercanos al poder kirchnerista. Entre condenas firmes, procesamientos y juicios pendientes, el listado de nombres supera las 30 personas, convirtiéndose en una de las tramas judiciales más amplias de la política argentina contemporánea.
Los nombres más resonantes
Julio De Vido, exministro de Planificación y uno de los hombres más influyentes del kirchnerismo, acumula dos condenas firmes: una por la Tragedia de Once y otra por la compra de trenes usados a España y Portugal, ambas de cuatro años de prisión. Aunque fue absuelto en la causa Vialidad, sigue procesado en los casos Odebrecht–Aysa, Mamá Corazón, GNL y Skanska, entre otros.
Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, fue el primer funcionario kirchnerista detenido, en 2016. Tiene seis condenas, tres de ellas firmes: Once (5 años), dádivas (1 año y 6 meses) y robo de documentación (6 meses). Además, recibió 8 años por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra. Cumple prisión efectiva y su defensa solicita el arresto domiciliario por razones de salud.
Amado Boudou, exvicepresidente, fue condenado a 5 años y 10 meses por el caso Ciccone, con sentencia firme e inhabilitación perpetua. Estuvo preso en Ezeiza y luego con prisión domiciliaria. También fue investigado por enriquecimiento ilícito, aunque resultó absuelto en otras causas menores.
José López, exsecretario de Obras Públicas, se convirtió en símbolo de la corrupción kirchnerista al ser filmado en 2016 arrojando bolsos con 9 millones de dólares y un arma en un convento. Fue condenado a 6 años por enriquecimiento ilícito, pena ratificada por la Corte, y recibió otra de 1 año y 7 meses por portación de arma. Además, fue condenado en Vialidad y figura como arrepentido en los Cuadernos de las Coimas.
Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, fue condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero en la Ruta del dinero K y a 6 años en Vialidad, ambas firmes. También recibió condenas menores por los casos El Entrevero (4 años y medio) y apropiación de aportes laborales (3 años y medio). Actualmente cumple su pena en la cárcel de Río Gallegos.
Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, acumula dos condenas firmes dictadas por la Corte Suprema: una de 2 años de prisión y otra de 2 años y medio, ambas en suspenso, por amenazas coactivas y peculado en el caso del cotillón “anti Clarín”.
Juan Pablo Schiavi, sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, fue condenado en 2015 a 8 años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, que dejó 51 muertos.
Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico, fue procesado por encubrimiento agravado en la causa del Memorándum con Irán, relacionada con el atentado a la AMIA.
Héctor Timerman, excanciller fallecido en 2018, también había sido procesado en la misma causa por encubrimiento agravado.
Aníbal Fernández, exjefe de Gabinete y actual ministro de Seguridad, fue procesado en 2016 por presunto encubrimiento en la causa de la efedrina.
Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, fue procesado por coimas a concesionarios durante su gestión.
Felisa Miceli, exministra de Economía, fue condenada en 2012 a 3 años de prisión en suspenso por encubrimiento y destrucción de documentos, tras hallarse una bolsa con dinero en su despacho.
César Milani, exjefe del Ejército, fue procesado por enriquecimiento ilícito y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Romina Picolotti, exsecretaria de Ambiente, fue condenada en 2020 a 3 años en suspenso por administración fraudulenta de fondos públicos.
Carlos Kirchner, exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública, fue procesado por fraude en la adjudicación de obras públicas.
José María Olazagasti, exsecretario privado de De Vido, fue procesado por lavado de dinero y asociación ilícita.
Roberto Baratta, exsubsecretario de Planificación, está procesado en los Cuadernos de las Coimas por presunto cobro de sobornos.
Claudio Minnicelli, cuñado de De Vido, fue condenado en 2019 a 5 años de prisión por contrabando, en la causa conocida como La Mafia de los Contenedores.
Ricardo Echegaray, exjefe de la AFIP, fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión en la causa Oil Combustibles, por defraudación al Estado.
Alejandro Vandenbroele, empresario vinculado al caso Ciccone, fue procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, con vínculos directos con Amado Boudou.
Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta, está procesado en la causa Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero mediante empresas familiares.
Oscar Parrilli, exsecretario General de la Presidencia y exjefe de la AFI, está procesado por encubrimiento agravado en la causa del Memorándum con Irán.
Martín Sabbatella, ex titular de la AFSCA, fue condenado a 6 meses de prisión por abuso de autoridad, a raíz de la intervención al Grupo Clarín.
Carlos Liuzzi, exsubsecretario Legal y Técnico, estuvo procesado por enriquecimiento ilícito, aunque luego fue sobreseído.
Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de Salud, fue procesado por lavado de dinero en la Mafia de los Medicamentos.
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y aliado del kirchnerismo, fue condenado en 2022 a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua por peculado y negociaciones incompatibles, con sentencia apelada ante la Corte.
José Alperovich, exgobernador de Tucumán y aliado K, fue condenado en 2024 a 16 años de prisión por abuso sexual, y cumple prisión domiciliaria.
Jorge Capitanich, exjefe de Gabinete y actual senador electo, está procesado por el caso Fútbol para Todos, acusado de incumplimiento de deberes y enfrenta un pedido de condena de 8 meses de prisión.
Germán Nivello, exsubsecretario de Obras Públicas, procesado en la causa Cuadernos, al igual que Jorge Mayoral (exsecretario de Minería), Oscar Centeno (exchofer de Baratta), Claudio Uberti y el empresario Rudy Ulloa Igor, amigo personal de los Kirchner.
Luis D’Elía, dirigente piquetero afín al kirchnerismo, fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión por la toma de una comisaría en La Boca. Cumplió su condena en 2022 tras obtener libertad condicional.
Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, fue condenada a 13 años de prisión, fallo confirmado por la Corte Suprema, por asociación ilícita, fraude y extorsión en el manejo de fondos públicos en Jujuy.
