Para el juez, está probado que toda la familia estaba al frente de la estructura empresarial que elaboraba y distribuía medicamentos en el país.
El nombre de Ariel García Furfaro volvió a los titulares tras su detención por el escándalo del fentanilo adulterado, que ya dejó 96 muertes confirmadas. No es la primera vez que enfrenta a la Justicia: en 2002 había sido condenado a siete años de prisión por intento de homicidio, después de rociar con alcohol e incendiar a un empleado de su restaurante. En la cárcel se recibió de abogado y hasta logró la liberación de un preso célebre, “El Loco del Martillo”. Más de dos décadas después, cayó como presunto responsable de los lotes de fentanilo contaminado producidos por HLB Pharma Group.
Las detenciones ordenadas por el juez federal Ernesto Kreplak no alcanzaron solo a García Furfaro. Su madre, Nilda, accionista y vicepresidenta de la firma; sus hermanos Diego y Damián, que también manejaban operaciones de los laboratorios; y hasta su abuela de 88 años, Olga Luisa Arena, terminaron esposados. El magistrado considera probado que toda la familia estaba al frente de la estructura empresarial que elaboraba y distribuía medicamentos en el país.
El entramado de HLB Pharma no solo operaba en la industria farmacéutica. Su origen se remonta a una cadena de verdulerías llamada Colina, fundada por la familia en Flores. Desde allí, García Furfaro construyó vínculos políticos y comerciales que lo llevaron a codearse con dirigentes de alto nivel. Incluso participó en la delegación oficial que viajó a Rusia en 2020 para negociar la llegada de la vacuna Sputnik V a la Argentina. Sin embargo, los antecedentes penales y las denuncias de irregularidades truncaron ese acuerdo.
Además de la familia, también fueron detenidos directivos y técnicos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma: entre ellos, Javier Tchukran, director general; los especialistas Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano; y los empresarios Horacio Tallarico y Rodolfo Labrusciano. El operativo estuvo a cargo de la PSA y Gendarmería Nacional, bajo la órbita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró públicamente las detenciones con la frase: “Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia”.
El caso, sin embargo, va más allá del lote de fentanilo contaminado. García Furfaro ya estaba bajo la lupa por presunto contrabando y lavado de dinero, con maniobras millonarias que involucraron a sus empresas. Ahora, la fiscal María Laura Roteta habló de un episodio de “criminalidad compleja” con consecuencias sanitarias devastadoras. Mientras tanto, el juez Kreplak comenzó a tomar indagatorias para intentar desentrañar la magnitud de un entramado que mezcló negocios, vínculos políticos y un medicamento que se convirtió en veneno.
