El proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña también ofrece beneficios para los negocios ubicados en la zona donde la militancia se reúne todos los días tras la ratificación de su condena y la oficialización de su prisión domiciliaria.
La reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema no solo generó conmoción política, sino que también alteró la vida cotidiana en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta cumple su detención domiciliaria. Su departamento en San José 1111 se convirtió en epicentro de manifestaciones militantes, y en ese contexto, el legislador Facundo Del Gaiso presentó un proyecto en la Legislatura para suspender el pago del ABL y eximir de Ingresos Brutos a vecinos y comercios de la zona hasta fin de año.
La iniciativa beneficiaría a quienes vivan o trabajen en el polígono comprendido entre las calles Luis Sáenz Peña, Carlos Calvo, Santiago del Estero y San Juan, donde la permanencia de manifestantes ha generado, según el legislador, un entorno intransitable. “Esto es un paliativo ante el infierno que están viviendo los vecinos”, argumentó Del Gaiso en Radio La Red. Además, señaló que ya hay locales cerrados por la situación, como un bar que no pudo volver a abrir sus puertas debido al constante acampe.
Del Gaiso pidió, incluso, una intervención de la propia Cristina Kirchner: “Debería decirle a los que están ahí que dejen de acampar. No logran nada y no pueden estar seis años así”. En paralelo, vecinos afectados compartieron su descontento. Uno de ellos, Diego Bever, quien vive a 30 metros del edificio, fue contundente: “Dejaron carteles por todos lados, olor a pis, hacen sus necesidades en la calle. Esto va más allá de cualquier ideología política”.
La tensión también afecta el tránsito, la limpieza y la seguridad en el barrio. “Para salir o volver tengo que dar toda la vuelta”, explicó Bever. Y relató que incluso “a una señora en la esquina le tomaron la terraza y uno no sabe lo que puede pasar con su domicilio”. Aunque reconoció que la zona ahora tiene más presencia policial, el vecino consideró que eso no compensa los perjuicios: “Pago mis impuestos y no tengo por qué bancarme esto”.
El testimonio ilustra el malestar creciente entre los residentes del barrio. “Hoy fue el primer día después del fallo que amanecimos tranquilos, pero seguro después se junta más gente. Me asusta pensar que esto pueda durar seis años”, dijo Bever. La constante movilización frente al domicilio de la exmandataria genera incertidumbre y temor por una eventual escalada.
El proyecto de Del Gaiso busca, entonces, aliviar la situación para quienes —más allá de simpatías políticas— conviven con una rutina interrumpida, calles cerradas y servicios colapsados. En medio del revuelo judicial y político, la vida en Monserrat cambió de golpe, y la legislatura porteña ahora deberá decidir si acompaña la propuesta para compensar a los vecinos afectados.
