La oposición solicitó al Ministerio de Salud que informe si Richmond tiene beneficios vinculados a excepciones del pago de importaciones o de tasas aduaneras al traer los principios activos desde Rusia.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este lunes un pedido de informes para que el Gobierno nacional brinde precisiones y aclare las sospechas que existen vinculadas a presuntos beneficios impositivos para el laboratorio Richmond, el mismo que envasa las vacunas Sputnik V en nuestro país.
En el escrito se hace referencia al ingreso de Richmond en el acuerdo y que es esta firma -presidida por Marcelo Figueiras- la que actualmente entrega dosis al país luego de que la Federación Rusa envía al país el principio activo para que aquí se realice el proceso final.
Carmen Polledo, que encabeza el pedido de informe, solicitó formalmente saber si Richmond goza de excepciones del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, al importar el principio activo para la producción de la vacuna Sputnik V.
Previo a que llegaran las primeras Sputnik V al país en diciembre de 2020, se sancionó la Ley de Vacunas que consistía, entre otras cuestiones, en la exención del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, tasa o arancel aduanero o portuario solo se limita a las vacunas y descartables que sean importados por el Ministerio de Salud. Sin embargo la normativa no habla de principios activos y tampoco de empresas privadas como Richmond. En este contexto surge el interrogante acerca de si las dosis que hasta el momento la Argentina le pagó a Richmond contemplaba o no estos impuestos. El contrato original con el Fondo Ruso de Inversión directa establecía el valor de U$S 9,9 cada suero.
Desde la empresa respondieron en diálogo con La Nación, que “el precio por dosis es el mismo que se estipuló en el contrato original. Los diputados de Juntos por el Cambio quieren saber el importe total que le hubiese correspondido pagar a Richmond en caso de no disponer de excepciones impositivas ni aduaneras. Este medio se comunicó con el laboratorio pero aún no obtuvo respuesta”.
Polledo insistió en su proyecto en conocer, además, en qué consiste el apoyo financiero y económico del Gobierno al Laboratorio Richmond: desde los créditos otorgados hasta los subsidios brindados a esa compañía desde diciembre de 2019 a la fecha. “Desde Richmond dicen que la producción local se debe a un acuerdo entre privados facilitado por el Gobierno y que el Estado Nacional deberá comprar las dosis dado que “no hay nada escrito” para que Richmond destine toda su producción en la Argentina. Pero luego dijo que las vacunas producidas en el país serán “para el Estado argentino mientras dure esta pandemia” y que “las vacunas son del Estado, siendo la importación de Rusia del principio activo de la vacuna el elemento crucial para la producción del proceso local”, cuestiona Polledo en su escrito que fue acompañado por numerosos diputados de Juntos por el Cambio.
El ingreso de Richmond al contrato se produjo en momentos en los que Rusia no cumplía con la entrega de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, lo que obligó al Gobierno a lanzar estudios de combinación de vacunas que finalmente determinaron que es seguro y eficaz colocar como complemento de la Sputnik V los sueros de Moderna y AstraZeneca.
Fuente: TN
