Piden el juicio político de Víctor Violini, el juez que permitió la masiva liberación de presos

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En su presentación, la Usina de Justicia lo acusó de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”.


A pesar de que la Suprema Corte bonserense revocara la semana pasada el habeas corpus que permitía la liberación de delincuentes con la excusa del coronavirus y el temor de un colapso sanitario en las cárceles, la Usina de Justicia fue por más y apuntó contra el juez que hizo posible esta liberación masiva de más de 2.000 presos, muchos de ellos violadores, homicidas y narcotraficantes.

En este marco, la agrupación presentó este lunes el pedido de juicio político a Víctor Violini, integrante del Tribunal de Casación bonaerense, al acusarlo de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”.

“El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, se afirmó en el texto.

Mientras el debate se da en la Corte bonaerense, Usina de Justicia pidió ser “amiga del tribunal” en la discusión. Y, por otra parte, pidió ahora el juicio político para Violini, por “la gravedad institucional que evidencian los hechos” en torno al habeas corpus colectivo, que había sido presentado por un grupo de defensores oficiales con el objeto de evitar la posibilidad de contagio de las personas detenidas en los establecimientos carcelarios” de la provincia, frente al COVID-19 y la situación de hacinamiento ya declarada con la emergencia penitenciaria.

“Consideramos que la decisión del Dr. Violini no se basó en el Derecho procesal penal vigente, sino que fue un acto de arbitrariedad manifiesta en un notorio apartamiento de la letra expresa de la ley. Es que la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID 19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria, justifican una alteración total del orden constitucional y legal. Por el contrario, es en las situaciones de emergencia cuando más sentido tienen el cumplimiento de la Constitución, y la vigencia de las garantías y el principio de la división de poderes”, agregó.