La iniciativa incluye imprescriptibilidad de abusos, más prisión efectiva, nuevos delitos digitales y castigos ambientales.
El Gobierno envió finalmente al Congreso la reforma integral del Código Penal, un proyecto que busca endurecer el sistema punitivo argentino después de más de un siglo sin una actualización completa del texto de 1921.
La iniciativa modifica penas, crea nuevas figuras delictivas y amplía el margen de prisión efectiva para los delitos considerados más graves, desde homicidios hasta corrupción estatal.
La presentación estuvo a cargo de Patricia Bullrich y Manuel Adorni, quienes remarcaron que el nuevo código apunta a terminar con la “puerta giratoria” y garantizar que “el que la hace, la paga”. Uno de los ejes centrales es la imprescriptibilidad de delitos como abuso sexual, homicidios agravados, trata de personas y delitos vinculados al narcotráfico, lo que implica que podrán investigarse sin límite temporal.
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Otro punto destacado es el aumento de penas y la ampliación de los casos con prisión efectiva, que según el Gobierno alcanzará al 82% de los delitos. El Ministerio de Justicia explicó que el cambio clave consiste en elevar los mínimos actuales para evitar condenas excarcelables, especialmente en robos, homicidios y delitos sexuales.
El proyecto también incorpora agravantes específicos, nuevas herramientas para perseguir el crimen organizado, y cambios profundos en materia digital, ambiental, vial y económica. La reforma incluye 22 áreas centrales que redefinen el alcance del sistema penal argentino.
LOS 22 CAMBIOS CLAVE DEL NUEVO CÓDIGO PENAL
- Violencia en espectáculos: Tipos penales específicos y penas más duras para agresiones y disturbios en estadios y eventos masivos.
- Narcotráfico: Mayor castigo en toda la cadena —cultivo, producción, transporte y financiamiento— con agravantes si intervienen menores o funcionarios.
- Extinción de dominio: Recuperación más rápida y definitiva de bienes provenientes del delito.
- Bienes culturales: Nuevas sanciones para robo, tráfico o destrucción de patrimonio histórico y arqueológico.
- Compra y venta de niños: Agravantes reforzados y punición a intermediarios y adoptantes ilegales.
- Delitos contra la familia: Nueva tipificación de violencia intrafamiliar y faltas graves a deberes de asistencia.
- Tragedias viales: Penas más altas para conducción temeraria, alcohol, drogas, picadas y siniestros fatales.
- Delitos ambientales: Más castigos por daños graves al ecosistema y figura de ecocidio.
- Vulnerabilidad: Aumento de penas cuando las víctimas son menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
- Imprescriptibilidad: Abuso sexual, homicidios agravados, trata, terrorismo, grooming, pornografía infantil y narcotráfico no prescribirán.
- IVE vigente: Se mantiene la Ley 27.610 sin modificaciones.
- Violencia de género: Endurecimiento de penas y nuevas figuras como ciberacoso y difusión íntima no consentida.
- Cibercrimen: Tipos penales para hackeos, fraude informático, usurpación digital y “pornovenganza”.
- Motochorros: Definición específica del delito y agravantes por el riesgo extremo en vía pública.
- Criminalidad ambiental (nuevas figuras): Sanciones ampliadas por contaminación y daños irreversibles.
- Corrupción: Escalas penales más severas para cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles.
- Lavado de activos: Nuevas herramientas para decomisar bienes, rastrear operaciones y cooperación internacional.
- Terrorismo: Actualización del delito incluyendo ataques a infraestructura crítica y sistemas digitales.
- Financiamiento del terrorismo: Penas más fuertes y congelamiento de activos vinculados.
- Crimen organizado transnacional: Persecución ampliada a redes que operan con tráfico de personas, armas y contrabando.
- Delitos económicos y estabilidad fiscal: Sanciones para evasión organizada, falsificación, intermediación ilegal y maniobras especulativas.
- Orden electoral y desinformación: Más de 30 figuras para proteger elecciones; incluye manipulación algorítmica, bots, falsificación digital y coacción online.
