La medida fue tomada tras la denuncia de Casa Militar contra dos periodistas por difundir imágenes de la Casa de Gobierno. Qué dijo FOPEA.
En un nuevo avance contra la prensa, el gobierno de Javier Milei decidió prohibir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada y retirar sus acreditaciones, en medio de una denuncia por presunto espionaje.
La medida fue tomada de forma repentina tras una presentación judicial realizada por Casa Militar, en la que apuntaron contra dos periodistas por difundir imágenes del interior de la casa de Gobierno.
Varios periodistas que trabajan allí manifestaron en sus redes sociales que este jueves, se les revocó el ingreso al retirar sus huellas dactilares del sistema de ingreso. Según explicaron, será por tiempo indeterminado.
La situación parte de la denuncia realizada por el gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, tras la publicación de una filmación en su programa en el canal TN, la cual fue realizada con anteojos que portaban cámaras, en la que se mostraban algunos pasillos y oficinas de la Casa Rosada.
Casa Militar consideró esto como posible espionaje ilegal, apuntando que esas imágenes pueden comprometer la seguridad nacional como también la de Milei y sus funcionarios.
El propio presidente se manifestó al respecto, tildando de “basuras repugnantes” a los denunciados. “Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”, escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su rechazo, apuntando que esto “afecta de manera generalizada a la totalidad de los trabajadores de prensa que cubren habitualmente la actividad del Poder Ejecutivo”.
“Se trata de una medida de extrema gravedad institucional, ya que altera las condiciones básicas para la cobertura periodística del principal ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional. Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la ciudadanía a acceder a información sobre los actos de gobierno”, agregaron en un comunicado.
Así, remarcaron que la decisión “implica limitar la posibilidad de que la sociedad conozca, comprenda y controle la actividad de sus gobernantes”.
También afirmaron que la Casa de Gobierno es un “espacio público”, que los periodistas denunciados había notificado de sus acciones, y que pese a la presentación judicial, no hay una resolución judicial “que determine la existencia de una conducta irregular”.
“Resulta desproporcionado e injustificado accionar penalmente tanto como adoptar una medida de alcance general que suspende las acreditaciones de todos los periodistas, afectando de manera masiva el acceso a la información a partir de una interpretación unilateral de los hechos”, manifestaron.
La suspensión de las acreditaciones de la prensa se da apenas semanas después de la publicación de un informe, en el que apuntaban a una presunta injerencia de Rusia en los medios para perjudicar al Gobierno.
