La movilización reúne a estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales frente al Congreso, en una jornada atravesada por el reclamo de financiamiento universitario y el intento opositor de derogar el DNU 70/2023. El oficialismo logró bloquear el debate en Diputados al impedir el quórum.
La quinta Marcha Federal Universitaria volvió a llevar el reclamo por el financiamiento de la educación superior a las calles, en una jornada marcada también por la disputa política en el Congreso. Estudiantes, docentes, autoridades académicas, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron para exigirle al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
La protesta coincidió con el intento de la oposición de reunir quórum en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas de la administración libertaria. Sin embargo, los bloques opositores no consiguieron la cantidad de legisladores necesaria para abrir la sesión, por lo que el oficialismo logró evitar el debate parlamentario.
El reclamo universitario se sostiene en la exigencia de actualizar los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles y los fondos destinados al funcionamiento de las instituciones. Los sectores convocantes remarcaron que la ley fue ratificada por el Congreso y que existen resoluciones judiciales que respaldan su aplicación, aunque el conflicto con el Ejecutivo continúa abierto.
La situación salarial volvió a ocupar un lugar central en la movilización. Según Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva cobró en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con la actualización prevista por la ley, debería haber percibido $741.111. Los gremios universitarios advierten que la pérdida de poder adquisitivo afecta tanto a los trabajadores como al funcionamiento de las casas de estudio.
La convocatoria también reunió a sectores sindicales y políticos que ampliaron el alcance de la protesta. La CGT, las dos CTA, ATE, organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y espacios del peronismo se sumaron a la jornada, que incorporó otros reclamos vinculados con la situación económica y social del país.
Entre esos planteos se destacaron la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales. Organizaciones y familiares de personas con discapacidad denunciaron dificultades para sostener tratamientos y prestaciones, mientras que distintos sectores reclamaron respuestas del Congreso frente al deterioro de sus condiciones de vida.
En paralelo, el Gobierno buscó sostener sus acuerdos parlamentarios para impedir que la oposición avanzara contra el DNU 70/2023. Las negociaciones con bloques aliados y gobernadores resultaron determinantes para frustrar la sesión. El resultado representó un triunfo legislativo para La Libertad Avanza, aunque la movilización mantuvo la presión política sobre la Casa Rosada.
De esta manera, la marcha universitaria se convirtió en una nueva expresión del conflicto entre el Gobierno y distintos sectores sociales por el financiamiento educativo, los salarios y el alcance de las reformas oficiales. Mientras los manifestantes insistieron en el cumplimiento de la ley, el oficialismo consiguió bloquear el intento de derogar el decreto en Diputados, en una jornada que combinó protesta callejera e incertidumbre parlamentaria.
