¿Qué sorprende?
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó una denuncia penal contra la organización Madres de Plaza de Mayo por haber transformado en un “boliche clandestino” una de las sedes de su universidad. Este edificio, cedido por el gobierno en 2018, estaba destinado a fines educativos. Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Policía Federal allanó el inmueble por orden del juzgado federal de María Servini.
Adorni detalló que en los pisos inferiores del edificio funcionaban agrupaciones privadas como el partido MILES y otras organizaciones sociales, mientras que el tercer piso, supuestamente destinado a actividades educativas, era utilizado para eventos nocturnos. Además, aseguró que pese a recibir una importante financiación estatal en 2023, no se registraron estudiantes ni clases en la universidad.
Por su parte, Adrián Albor, exsecretario de la carrera de Derecho en la Universidad de las Madres, negó que la institución estuviera utilizando ese edificio desde 2018. Afirmó que las actividades académicas se habían trasladado a otras sedes y que el inmueble había sido usurpado por otros grupos, impidiendo su uso incluso para proyectos como un centro de veteranos de Malvinas.
La polémica se enmarca en un contexto de tensión entre el gobierno de Javier Milei y la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Desde febrero de 2024, el Ejecutivo ha tomado medidas como cancelar su programa televisivo en la TV Pública y, en julio, intervenir la universidad designando un interventor. Estas acciones han sido calificadas por la asociación como una persecución ideológica.
En septiembre de 2024, la Justicia ordenó suspender temporalmente la intervención y garantizar la normalidad en la universidad, lo que fue ratificado en noviembre mediante una medida cautelar que estableció el envío de fondos y el reconocimiento de las autoridades universitarias. La jueza Martina Forns también prohibió cualquier hostilidad policial contra la institución.
Paralelamente, el vocero Adorni también dirigió críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, señalando que sus vínculos con figuras políticas tradicionales evidencian un acercamiento a lo que denominan “la casta”. Estas declaraciones se suman a las del presidente Milei, quien aseguró que Villarruel no participa en la toma de decisiones del gobierno y se ha distanciado de las prioridades oficiales.
Pese a los cuestionamientos, desde el oficialismo han descartado cualquier intención de pedir la renuncia de Villarruel. Adorni aclaró que, a pesar de las diferencias, no se considera esa opción, aunque las tensiones entre los principales referentes del gobierno siguen siendo tema de debate público.
