La iniciativa mantiene la atención gratuita en casos de urgencia, pero establece el cobro para prestaciones programadas y estudios universitarios de quienes no acrediten residencia permanente.
Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que propone arancelar la atención en hospitales públicos provinciales y los estudios de grado en universidades estatales para los extranjeros que no acrediten residencia permanente en la Argentina. La iniciativa toma como base las categorías migratorias previstas en la Ley Nacional 25.871 y excluye a quienes cuenten con residencia permanente.
Según los autores del proyecto, la medida busca priorizar el uso de los recursos públicos por parte de los bonaerenses y garantizar una administración más eficiente de los fondos destinados a la salud y la educación. En los fundamentos sostienen que ambos sistemas se financian con el aporte de los contribuyentes y que no resulta equitativo que personas con permanencia transitoria accedan de manera gratuita a esos servicios sin contribuir a su sostenimiento.
En materia sanitaria, la propuesta establece que los extranjeros con residencia temporaria, transitoria o precaria deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas mediante recursos propios, un seguro de salud o un tercero responsable del pago. Para las prácticas programadas será obligatorio acreditar cobertura o abonar previamente el arancel correspondiente.
El proyecto aclara que la atención de urgencia o emergencia continuará garantizada para todas las personas, sin que la falta de recursos económicos pueda ser un impedimento para recibir asistencia médica. Además, quedan excluidas del arancelamiento las víctimas de trata de personas y todas las acciones vinculadas a la prevención, vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
En el ámbito educativo, la iniciativa dispone que las universidades provinciales de gestión estatal establezcan aranceles para los estudiantes extranjeros que no posean residencia permanente. Cada institución tendrá autonomía para definir los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización de esos valores a través de sus órganos de gobierno.
Los impulsores del proyecto sostienen que la provincia no puede seguir financiando sin límites la formación de personas que no asumieron un compromiso permanente con el país, mientras existen necesidades de inversión en infraestructura, tecnología, becas y mejores condiciones para los estudiantes bonaerenses. También prevén que tanto el Ministerio de Salud como las universidades publiquen informes anuales sobre la cantidad de beneficiarios alcanzados, los montos recaudados y el destino de esos recursos.
La iniciativa fue presentada en medio del debate que se generó en redes sociales tras la final del Mundial 2026. Uno de sus impulsores, el diputado Agustín Romo, aseguró que el objetivo es establecer un criterio de reciprocidad y priorizar el acceso de quienes sostienen el sistema con sus impuestos. En caso de ser aprobada por la Legislatura bonaerense, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentar la norma y poner en marcha el nuevo régimen.
