Marta Elba Pascual defendió la suspensión por 60 días de la ley en la Provincia. Cuestionó la falta de infraestructura, personal y recursos para implementar el sistema.
La jueza Marta Elba Pascual defendió la decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y explicó que su planteo no cuestiona la posibilidad de reducir la edad de imputabilidad. Según la magistrada, el principal problema está en las condiciones actuales de la Provincia para poner en funcionamiento el nuevo esquema.
Pascual advirtió que el sistema podría comenzar a aplicarse sin la infraestructura necesaria para alojar a los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad. También señaló la falta de personal especializado y de herramientas destinadas a garantizar la educación, capacitación y tratamiento de los jóvenes alcanzados por el régimen.
“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo la magistrada en declaraciones radiales. En ese sentido, aclaró que reconoce la problemática de los delitos cometidos por menores y que no se opone a debatir una eventual reducción de la edad de imputabilidad, pero consideró que cualquier modificación debe estar acompañada por recursos suficientes.
Uno de los principales cuestionamientos de Pascual está relacionado con las condiciones de alojamiento y las posibilidades de reinserción. La jueza consideró que el encierro, por sí solo, no garantiza una mejora en materia de seguridad y puede incluso profundizar el problema si los adolescentes no reciben herramientas para reinsertarse socialmente.
“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, afirmó. De esta manera, puso el foco en la necesidad de que el nuevo régimen contemple políticas de educación, capacitación laboral y asistencia para los menores que ingresen al sistema penal.
La magistrada también rechazó las críticas que la señalan como defensora de los jóvenes que cometen delitos. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad”, afirmó Pascual, quien agregó: “Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”.
La suspensión de la aplicación del régimen fue dispuesta a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La medida tiene una duración inicial de 60 días y busca que durante ese período las autoridades bonaerenses informen cuáles serán las condiciones concretas para poner en marcha el nuevo sistema.
Durante ese plazo, la Justicia deberá evaluar cuestiones vinculadas con los establecimientos disponibles, el personal especializado y la capacidad de atención para los adolescentes alcanzados por la normativa. Pascual insistió en que su decisión no pretende cerrar el debate sobre la edad de imputabilidad, sino exigir que cualquier cambio en el sistema penal juvenil cuente con las condiciones necesarias para funcionar y contribuya efectivamente a mejorar la seguridad.
