Ultima los detalles para presentarlo ante la Corte Suprema de Justicia.
Eduardo Casal, procurador general de la Nación, está a punto de presentar ante la Corte Suprema un dictamen clave en la causa Vialidad, con el que pedirá duplicar la condena contra Cristina Kirchner. El objetivo es que la pena pase de seis a doce años de prisión, sumando el delito de asociación ilícita al de administración fraudulenta, y que se confirme su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Según indicaron fuentes cercanas al caso, el escrito está en su etapa final y podría ser presentado mañana mismo, replicando el planteo que ya había hecho el fiscal Mario Villar ante la Corte: que se apliquen penas más duras y se reviertan las absoluciones dictadas en instancias anteriores.
El dictamen propone que también se endurezcan las condenas contra Lázaro Báez, José López y José Periotti, y que se reviertan las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. La intención de Casal es seguir una línea histórica de respaldo a los fiscales, algo que sólo ha roto en contadas ocasiones.
Con la presentación de Casal, la pelota quedará en la cancha de la Corte Suprema, que no tiene plazos para decidir. Esto genera una fuerte expectativa política, ya que la decisión podría tener un impacto directo sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner en las próximas elecciones legislativas. El 17 de agosto cierra el plazo para listas nacionales y el 19 de julio para la provincia de Buenos Aires.
Tres son los posibles escenarios que se abren. En uno, la Corte puede rechazar todos los planteos y confirmar las condenas actuales, lo que dejaría a la ex presidenta inhabilitada y detenida. En otro, puede aceptar los pedidos de las defensas y anular las condenas, liberándola de cualquier obstáculo electoral. La tercera vía implica que la Corte acepte el planteo de Casal y devuelva el caso a Casación, extendiendo el proceso y postergando cualquier definición definitiva.
En ese último escenario, Cristina Kirchner podría ser candidata mientras se aguarda una nueva sentencia. Si llegara a asumir un cargo electivo, el Congreso debería activar un procedimiento de desafuero, ya que los fueros parlamentarios impiden su detención incluso si la condena queda firme.
La causa Vialidad llegó a la Corte en marzo, luego de las apelaciones del fiscal Villar y de las defensas. El eje del debate sigue siendo si hubo o no asociación ilícita entre 2003 y 2015, cuando las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas en Santa Cruz. Durante el juicio oral, los fiscales Luciani y Mola presentaron como prueba el llamado “plan limpiar todo”, basado en mensajes hallados en el celular de López tras su célebre detención con bolsos en un convento. La defensa de Kirchner insiste en que el proceso estuvo plagado de violaciones constitucionales y ya anticipó que, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales.
