Junto a Sergio Mola, pidió al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar con el decomiso de casi $685 mil millones y rechazó las nulidades planteadas por la defensa, a la que acusó de intentar impedir la recuperación de los fondos desviados.
En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron que el Tribunal Oral Federal N.°2 avance “inmediatamente a la ejecución de los bienes” de Cristina Kirchner y de los demás condenados en el expediente. El pedido quedó formalizado en un escrito de 21 páginas dirigido a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, en el que respondieron a las objeciones planteadas por la exmandataria.
Kirchner había solicitado la nulidad de la medida y cuestionó la competencia del tribunal para ejecutar el decomiso, que asciende a $684.990.350.139 fijados como reparación al Estado. En su planteo, también objetó la metodología utilizada por el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema para calcular y actualizar esa cifra.
Los fiscales fueron categóricos en su réplica: “En este juicio se acreditó la existencia, entre 2003 y 2015, de una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina. Esta defraudación colosal trajo perjuicios inconmensurables para las arcas públicas”, afirmaron. Además, señalaron que Cristina Fernández de Kirchner fue “la principal responsable” y que buscó interponer “todo tipo de artilugios y excusas” para frenar el recupero de los fondos.
Luciani y Mola sostuvieron que “el decomiso de la suma establecida por el tribunal no es una opción, sino una obligación prevista en la sentencia firme, en nuestro derecho interno y en los tratados internacionales sobre la recuperación de activos ilícitos, de los que la Argentina es parte”. Y remarcaron que los intentos de la expresidenta de evitar el decomiso constituyen “una afrenta al tribunal y a la sociedad, víctima de este flagelo”.
En el escrito, los fiscales advirtieron que los fondos desviados podrían haberse destinado a áreas clave como seguridad vial, salud, infraestructura, educación, vivienda o jubilaciones. “El monto fijado es mínimo en comparación con el daño real e inmenso que se produjo”, añadieron. La condena por el direccionamiento de obras a Lázaro Báez entre 2003 y 2015 había establecido inicialmente un decomiso de $84.835 millones, luego actualizado a casi $685 mil millones.
Además de la expresidenta y Báez, fueron condenados el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco exfuncionarios. La semana pasada, el Tribunal Oral ya había rechazado las nulidades planteadas por las defensas y concedió un recurso de casación contra la actualización del monto. Mientras tanto, la fiscalía volvió a insistir en que la medida debe ejecutarse de inmediato para recuperar parte de los recursos “dilapidados durante 12 años de corrupción sistemática”.
