La iniciativa, que obtuvo media sanción en el Senado, acelera los plazos judiciales para recuperar inmuebles por falta de pago u ocupación ilegal y modifica las reglas de las expropiaciones.
El Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce cambios de fondo en los procesos de desalojo y en el régimen de expropiaciones. La norma ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados y, de convertirse en ley, modificará tanto el Código Civil y Comercial como el Código Procesal Civil y Comercial.
Uno de los cambios más relevantes alcanza a los alquileres. Ante una falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino para que regularice la deuda en un plazo mínimo de 10 días corridos. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar un juicio de desalojo por la vía sumarísima, un procedimiento que busca resolver el conflicto en alrededor de 10 días hábiles y limita las pruebas admitidas para evitar demoras.
La iniciativa también endurece las reglas para las ocupaciones ilegales. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble en un plazo de cinco días cuando considere verosímil el derecho invocado por el propietario, bajo caución juratoria. El objetivo oficial es agilizar la recuperación de propiedades ocupadas sin autorización.
Otro de los ejes de la reforma modifica el régimen de expropiaciones. El proyecto establece que el Estado no podrá tomar posesión de un bien hasta haber abonado previamente la indemnización correspondiente, reforzando así la protección del derecho de propiedad y limitando las expropiaciones sin pago previo.
El proyecto generó posiciones enfrentadas. Desde el Gobierno y sectores inmobiliarios sostienen que otorgar mayor seguridad jurídica incentivará la oferta de viviendas en alquiler y reducirá la incertidumbre para los propietarios. En cambio, organizaciones de inquilinos advierten que la aceleración de los procesos podría dejar a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad ante atrasos en el pago del alquiler en un contexto económico complejo.
Con la media sanción ya obtenida en el Senado, la ley deberá superar el debate en Diputados para quedar definitivamente aprobada. Allí volverán a discutirse los puntos más controvertidos de una iniciativa que busca reforzar la protección de la propiedad privada, pero que también reabre el debate sobre el equilibrio entre los derechos de los propietarios y la protección de quienes alquilan una vivienda.
