Waldo Wolff y Graciela Ocaña, diputados de JxC, llevaron sus sospechas a la Justicia. Piden que se investiguen las declaraciones de Matías Kulfas que derivaron en su renuncia.
Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolff y Graciela Ocaña denunciaron este lunes ante la Justicia las presuntas irregularidades en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y pidieron que se investiguen las declaraciones del ahora ex ministro de Producción Matías Kulfas, que derivaron en su salida del gabinete en medio de otra crisis interna en el Gobierno.
En la presentación, los legisladores recopilaron tanto el mensaje vía redes sociales de la vicepresidenta Cristina Kirchner como el mencionado OFF de funcionarios del Ministerio de Producción a través de WhatsApp y las declaraciones radiales del propio Kulfas en relación a la dilación en la construcción de gasoducto.
En declaraciones radiales, con posterioridad al acto de conmemoración de los 100 años de YPF y al ser consultado por los dichos de la Vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el vinculo del Gobierno con Techint, el ahora ex ministro señaló: “La empresa que licita es IEASA, que es una empresa que esta conducida por gente que tiene una relación muy cercana con la Vicepresidenta, ahí están establecidas las condiciones. Nosotros hicimos el anuncio de que Argentina vuelve a producir chapa naval, esas chapas perfectamente se pueden usar para hacer gasoductos. Tiene que ver con la manera en que se establece la licitación¨.
Estos dichos de Kulfas se dieron luego de que Cristina Kirchner le haya dicho a Alberto Fernández que “use la lapicera” con aquellos “que tienen que darle cosas al país”.
“Todas estas manifestaciones que, vista de manera inocente, solo sacarían a la luz una interna política entre funcionarios del gobierno Nacional, exponen una cuestión mucho más grave y que evidenciaría la existencia de un delito de defraudación contra la Administración Pública en el marco de la licitación por la construcción del gasoducto”, explicaron Wolff y Ocaña.
La presentación judicial fue firmada por Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda -otro de los apoderados- y José Luis Patiño, director de Fundación Apolo. A partir de información que circuló en medios de comunicación, las irregularidades en la obra habría implicado “la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación”, se señaló en el documento.
Según la información en off que fue brindada por el entorno de Kulfas, “los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa”. Se trata de la ex Enarsa, una de las empresas estratégicas en materia energética y que la lidera Agustín Gerez, un camporista que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se resaltó en la denuncia.
“Por lo embrionario de la investigación no se sabe si los imputados han mancomunado esfuerzos para llevar adelante este único hecho o si, por el contrario, esto se trata de un grupo de personas que se unieron con la intención de cometer delitos indeterminados y de forma permanente”, se agregó en la denuncia.
