El magistrado Daniel Obligado analiza si mantiene o no la domiciliaria para el ex vicepresidente, condenado a casi 6 años de prisión. Entre los polémicos pedidos, ahora quiere saber qué estudió mientras estuvo en el penal de Ezeiza.
Pasaron 26 días desde que la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Amado Boudou en el caso de la compra-venta de Ciccone. La Justicia determinó que buscó apropiarse de forma indebida de la ex Calcográfica con capacidad para imprimir papel moneda. Desde entonces, pese al pedido de los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo de que la pena se cumpla en prisión, el juez de ejecución penal -Daniel Obligado-, continúa sin resolver la situación. Volvió a pedir la opinión de los representantes del Ministerio Público Fiscal. Quiere saber, entre otras cosas, qué estudió el ex vicepresidente mientras estuvo en el penal de Ezeiza.
Entre otras cosas, el juez Obligado realizó una serie de pedidos al Servicio Penitenciario Federal, como por ejemplo que se detalle en “un informe pormenorizado de los cursos y talleres que hubiere realizado el nombrado en su permanencia dentro de esa institución”. Asimismo, que por los medios idóneos solicítese a la Universidad de Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad de Avellaneda, que informen respecto de Amado Boudou los estudios que hubiera cursado este año 2020, la aprobación de los ciclos educativos, las materias cursadas y toda otra información correspondiente a su trayectoria educativa en la institución, y remitan en caso de contar con la misma, la documentación pertinente”.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, esto responde a “un posible estímulo educativo (art. 140 de la ley 24660) por el cual se pueden reducir los plazos para acceder a alguna salida o libertad condicional”. Es decir, estos pedidos no sólo demoran la decisión, sino que podrían terminar implicando una mejora en la situación penal del ex vice.
Desde el 6 de abril Boudou cumple el arresto domiciliario ordenado por el juez Obligado. En aquella oportunidad, señaló que el ex vice se encontraba en pareja con dos hijos pequeños, “siendo que el grupo familiar” de su compañera “reside en México, y tiene dificultades para viajar” y añadió más: “El único sostén económico y emocional para los niños de dos años, resulta ser su madre”, por lo cual consideró que era mejor conceder la morigeración del arresto.
Por entonces, el ex funcionario sólo contaba con una condena por cohecho y negociaciones incompatibles por la compra-venta de Ciccone, con confirmación de la Cámara de Casación. La decisión definitiva de la sentencia llegó a principios de diciembre por el voto unánime de los ministros de la Corte. Rechazaron un conjunto de planteos de las partes y señalaron que quedaba ratificada la acusación de cinco años y diez meses.
Horas después de aquella resolución, el juez Obligado “ejecutó la pena”, señalando que la misma concluirá el 1 de junio de 2024, pero no se pronunció sobre la modalidad de cumplimiento de la misma.
En respuesta a esa medida, la fiscal García Padín y su par Colombo pidieron que confirmada la sentencia se proceda al cumplimiento del Código Procesal Penal respecto al regreso a prisión para concluir allí la acusación por hechos de corrupción.
Pero desde entonces comenzó una seguidilla de pedidos por parte del magistrado, que incluyó a los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes invocando los derechos del niño y la necesidad de que sus hijos cuenten con la presencia de su padre para su sano desarrollo, solicitaron que el ex vice continúe en su casa bajo la modalidad del arresto domiciliario.
Hubieron más pedidos. El juez de ejecución requirió la opinión al coordinador de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, Marcelo Helfrich, quien consideró que el ex vicepresidente debería permanecer bajo arresto domiciliario para que se garantice el interés superior de sus hijos menores. El defensor de menores remarcó que “la decisión de enviarlo a domiciliaria estuvo inspirada en poder proteger los derechos de sus hijos, situación que no se modificó”.
Después de dos semanas de aquellos escritos, el juez Obligado volvió a requerir que los fiscales García Padín y Colombo se pronuncien al respecto. El dictamen podría conocerse este martes: los representantes del ministerio público ya habían emitido su opinión y sostuvieron que Boudou debía volver a prisión. El próximo lunes, en tanto, arranca la feria judicial, aunque Obligado quedará durante el mes de enero y podría haber entonces, una resolución.
Información de Lucía Salinas en Clarín
