Culpables de administración fraudulenta, el ex ministro de Planificación recibió una pena de 4 años mientras que el ex secretario de Transporte fue sentenciado a 8 años de cárcel.
El juicio en contra de los ex funcionarios kirchneristas Ricardo Jaime y Julio De Vido por la compra de trenes chatarra a Portugal y España;, que habrían generado un perjuicio al Estado de 31 millones de euros, llegó a su fin.
Según publica Lucía Salinas en Clarín, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) dio a conocer su veredicto este viernes, y dictó una condena de cuatro años para De Vido como coautor de administración fraudulenta por la compra de trenes a España y Portugal, y 8 años para Jaime junto al delito de enriquecimiento ilícito.
Al ex secretario de Transporte K también le dictó una inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y una multa de 14 millones de pesos. Fue sobreseído en los delitos de peculado y por la causa del Belgrano Cargos, por prescripción. Mientras que a su asesor, Manuel Vázquez, le aplicó una condena de 5 años y 8 meses de prisión.
La fiscal de juicio Gabriela Baigún había pedido una condena de ocho años para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, la mitad de ese período para Julio De Vido y cinco años y ocho meses para Manuel Vázquez,que fueron las penas dictadas por el TOF 6.
En el caso de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal la condenan fue de cuatro años de prisión, junto a una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. El Tribunal lo encontró responsable en carácter de coautor, del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de trenes a España y Portugal.
Ricardo Jaime es el último ex funcionario K que se encuentra detenido. Afronta a la fecha una condena unificada de ocho años por la Tragedia de Once y otras causas de menor trascendencia pero que complicaron su escenario judicial.
Para la fiscalía ante el TOF 6, estaba acreditada la responsabilidad de los ex funcionarios en una serie de adquisiciones irregulares de material ferroviarios a España y Portugal, realizadas entre 2003 y 2010, que según la acusacion implicaron un perjuicio para el Estado nacional de aproximadamente 30.856.130 euros.
Se trata de un contrato de compra-venta, un acuerdo marco con la empresa Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) y un acuerdo de Cooperación para Provisión con el Ministerio de Fomento de España celebrados el 23 de junio de 2004, el 21 de marzo de 2006 y 1 de julio del 2010 por el ex titular de la cartera de Planificación Federal.
Además, abarcan diversos acuerdos, contratos y adendas entre el Estado Nacional y las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), como también con la empresa portuguesa, celebrados por Jaime entre el 3 de noviembre de 2003 y el 20 de febrero de 2008.
Al analizar los puntos más sobresalientes del caso, Baigún indicó que el porcentaje de material “que jamás se reparó y, por lo tanto, que nunca prestó funciones en Argentina es muy elevado. Ya sea que se tome el relevamiento de la AGN (44%) o el aquí propuesto (54%), el número es demasiado alto como para pasar desapercibido. No se trata de algún material aislado que no se pudo reparar por algún motivo concreto. Estamos diciendo que la mitad de todo lo que se compró, nunca se usó. Esta situación es demasiado ostensible y notoria, y jamás pudo haber pasado desapercibida”.
La acusación que envió a los ex funcionarios de Cristina Kirchner a juicio oral sostenía que una cantidad importante de material rodante adquirido “se utilizó por escaso tiempo en el sistema ferroviario del país, pues se trataba de formaciones que no eran idóneas para los servicios a los que fueron destinadas”. Incluso, se sostuvo que en muchos casos las compras eran incompatibles “con la red de vías y cuya calidad y funcionalidad real no se condecían con los objetivos del ‘Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional’”.
