Luego de incorporar a los camioneros de Moyano, el ministro de Economía acordó con los dirigentes de Barrio de Pie para controlar las góndolas.
A la colaboración del sindicato camionero para el control del programa Precios Justos, que despertó una fuerte polémica en la oposición y el empresariado, el Gobierno sumó ahora a los movimientos sociales afines que durante la segunda quincena de enero se sometieron a una serie de capacitaciones barriales para interiorizarse sobre el uso de la aplicación que se utiliza para el monitoreo de los precios.
Se trata, en principio, de la agrupación Somos Barrios de Pie, liderada por Daniel Menéndez, con fuerte presencia en el territorio -en especial en el Gran Buenos Aires-, que además trabaja como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social.
Según informó Clarín, la cúpula de la organización piquetera había tenido una primera reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, después del lanzamiento del programa, a mediados de noviembre, que contempla el congelamiento de los precios de casi 1.800 productos de la canasta básica entre diciembre y marzo, tras un acuerdo alcanzado con más de 100 empresas en unos 2.500 puntos de venta de todo el país.
Después de Massa, hubo un segundo encuentro con Matías Tombolini, secretario de Comercio. Allí se planificó una serie de capacitaciones que se llevaron a cabo en la segunda quincena de diciembre para interiorizar a los integrantes de la agrupación en el manejo de la aplicación que sirve para escanear los productos, saber si están contemplados en el programa y, en todo caso, denunciar abusos.
“Nos pusimos a disposición. Hay un desfasaje en los precios en los barrios populares. La idea es difundir la aplicación”, explicaron desde Somos Barrios de Pie. Según resaltaron, habrá una mayor actividad de la organización en las próximas semanas, a partir de los últimos días de enero y desde febrero.
De hecho, según trascendió, se había avanzado en la firma de un convenio en un acto protocolar entre la agrupación y las autoridades del Ministerio de Economía que al final no se hizo por “problemas de agenda”.
La incorporación de los movimientos sociales a la auditoría del programa Precios Justos que Massa anunció en noviembre como la resolución de “uno de los problemas de la inflación” llega en plena polémica por la labor del sindicato camionero, controlado por la familia Moyano, en la fiscalización de los artículos de la canasta básica.
La tarea quedó en cabeza de Oscar Borda, que maneja la rama de Logística del gremio, un área clave en el reparto de los productos. La participación de Camioneros fue justificada por Tombolini.
