Es por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la pandemia por Covid-19.
El juicio por jurados contra dos miembros del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que negaron el ingreso a la provincia de Córdoba del padre de Solange Musse en pandemia, quien falleció de cáncer, inicia hoy en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto a las 8.30.
El médico Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, quien estaba a cargo del puesto sanitario de dicha localidad en agosto de 2020, serán juzgados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la pandemia por Covid-19.
Los jueces Daniel Antonio Vaudagna, Nicolás Rins y Diego Ortiz integrarán el tribunal junto con el jurado popular. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara, Julio Rivero.
De acuerdo a la acusación, ambos impidieron el ingreso del denunciante Pablo Musse a la provincia para visitar a su hija, quien en aquel momento residía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos, porque tenía un diagnóstico de cáncer de mama avanzado, en fase IV.
Desde el portal Justicia Córdoba señalan que la requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse –que estaba acompañado por una persona con discapacidad- tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, en Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial.
En el escrito de la fiscalía expresan que esta situación impidió que el hombre pudiera ver a su hija con vida por última vez. El 21 de agosto de 2020 la mujer, de 35 años, falleció.
Para las autoridades a cargo de la investigación, los imputados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.
El viaje frustrado
El drama de Solange Musse comenzó en agosto de 2020, en plena cuarentena estricta por el Covid-19. Su salud se deterioraba con rapidez y pidió ver a su padre, Pablo, y a su tía Paola, quienes emprendieron viaje desde Neuquén hacia Córdoba. Sin embargo, al llegar al puesto sanitario de la ruta 35, un test rápido de coronavirus practicado a Pablo arrojó un resultado “dudoso”. Pese a que el protocolo contemplaba confirmar el diagnóstico con un PCR, las autoridades resolvieron negarle el ingreso y escoltarlo fuera de la provincia.
La escena que siguió fue un calvario. Pablo debió regresar a Neuquén custodiado por cuatro patrulleros, sin poder detenerse a descansar ni a utilizar un baño. La situación alcanzó un nivel de indignidad tal que tuvo que asistir a su cuñada, que se moviliza en silla de ruedas, a hacer sus necesidades al costado de la ruta. Al llegar, un hisopado confirmó lo que temía: era negativo. Días más tarde, el 21 de agosto, Solange murió sin poder despedirse de su padre.
El caso generó una fuerte conmoción nacional por la dureza de las medidas y el contraste con las imágenes de las fiestas en Olivos y reuniones políticas que más tarde salieron a la luz. “Un adiestrador de perro o un peinador tenían más derechos que mi hija y que muchos argentinos”, denunció Pablo con amargura. Hoy, aquel operativo llega a los tribunales en lo que se considera el primer juicio por abusos cometidos durante la pandemia bajo el amparo del aislamiento obligatorio.
El proceso judicial contará con el testimonio de más de 20 testigos, entre ellos Pablo, la madre de Solange, Teresa, y la tía Paola Oviedo. El fiscal Julio Rivero lleva adelante la acusación, mientras la defensa insiste en que este juicio tiene un valor histórico: demostrar cómo el Estado utilizó de manera desmedida la fuerza en nombre de la salud pública. En paralelo, otro expediente en Huinca Renancó busca establecer las responsabilidades políticas del operativo.
A cinco años de la tragedia, la memoria de Solange sigue viva. Sus cenizas descansan en el mar de San Antonio Oeste, lugar que amaba, y su nombre quedó inmortalizado en una plaza, un memorial en Neuquén y una placa en el ingreso a Huinca Renancó. Su última carta, en la que denunció lo que calificó como un acto “inhumano y humillante”, fue incorporada este año como documento histórico en el Congreso de la Nación.
Para su padre, el juicio no solo busca justicia, sino también convertirse en un precedente que recuerde el costo humano de decisiones aplicadas con rigidez extrema.
