La Cámara Federal revocó una decisión de primera instancia y ordenó que se determine por qué el gobierno nacional demoró la adquisición de las dosis de Pfizer cuando estalló la pandemia por el coronavirus
La Cámara Federal de Comodoro Py reactivó una causa judicial clave al ordenar que continúe la investigación sobre la demora del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la compra de vacunas contra el COVID-19 al laboratorio Pfizer. El tribunal revocó un fallo del juez Ariel Lijo, quien había cerrado el expediente a fines de 2023 por falta de pruebas.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I, consideraron que todavía hay dudas sin despejar sobre cómo fueron las gestiones con Pfizer. En particular, señalaron que esas negociaciones no fueron analizadas con la misma profundidad que las realizadas con otros laboratorios, lo que genera interrogantes sobre eventuales diferencias en el trato recibido por la farmacéutica estadounidense.
La causa se originó en 2021 a partir de dos denuncias: una presentada por legisladores de la oposición, y otra impulsada por familiares de víctimas del COVID-19, quienes apuntaron a la responsabilidad estatal por no haber concretado a tiempo el acuerdo con Pfizer. En aquel entonces, la administración Fernández priorizó el convenio con la vacuna Sputnik V, lo que generó polémica y sospechas de manejos poco transparentes.
El debate por la demora fue muy fuerte durante la pandemia, ya que países vecinos accedieron antes a las dosis de Pfizer, mientras que en Argentina recién comenzaron a llegar en septiembre de 2021. Para ese momento, más de 130 mil personas habían muerto por COVID-19 en el país, y según cifras oficiales, la mayoría no contaba con el esquema de vacunación completo.
A fines del año pasado, el juez Lijo había desestimado la causa al argumentar que no había pruebas para atribuir responsabilidad penal. Sostuvo que el Gobierno había mostrado voluntad de avanzar con Pfizer y que, en todo caso, la elección de laboratorios respondía a decisiones políticas dentro de sus atribuciones. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli apeló el fallo, remarcando que se omitieron pruebas claves y que hubo irregularidades en el seguimiento de los procedimientos.
Ahora, con el respaldo de la Cámara, la investigación deberá profundizarse para establecer si efectivamente existieron tratos diferenciales con Pfizer y por qué esas gestiones se ralentizaron en comparación con las de otros proveedores. Para los camaristas, la falta de documentación y de medidas probatorias impide cerrar el caso con certeza. La decisión vuelve a poner en el centro de la escena judicial el manejo político y sanitario de los momentos más críticos de la pandemia.
