Era un requerimiento de la Oficina Anticorrupción, que además le pidió que debía renunciar a la facultad y a ser titular de una sociedad anónima comparte con la ministra de Justicia. Fuertes críticas de la oposición ante la omisión del mandatario.
Alberto Fernández no quiso revelar quiénes fueron sus clientes durante los tres años previos a asumir la presidencia, cuando se desempeñó como abogado y consultor, a pesar de que la Oficina Anticorrupción (OA) le solicitó que presentara la “nómina” de aquellas personas y sociedades para las que haya trabajado que sean concesionarias o proveedoras del Estado, o realicen actividades reguladas.
Se trata de un dictamen del 19 de febrero, firmado por el titular de la OA, Félix Crous, en donde se le recomendó al Presidente además, que renunciara a su mandato como titular de la firma Inmueble Callao 1960 SA y que se tomara licencia como profesor en la Universidad de Buenos Aires, ya que el ejercicio en simultáneo de los dos cargos, advirtió la OA, incumple la Constitución, pero Fernández también rechazó ese pedido del organismo.
El dictamen de la OA se hizo tras un pedido de diputados de la Coalición Cívica, que hicieron una presentación después de que Fernández dijera que tuvo relación en su actividad privada con empresas del Grupo Indalo, de Cristóbal López, holding que podría ser beneficiado por la nueva moratoria aprobada en el Congreso.
El Presidente rechazó un mes después el requerimiento de la OA. “No advierto haber incumplido normativa alguna que me obligue a exteriorizar otra información que la oportunamente suministrada“, escribió Alberto en una nota enviada al organismo el 16 de marzo.
El mandatario hacía referencia a la declaración jurada patrimonial que entregó ante el organismo cuando asumió como Presidente. Después de dejar la Jefatura de Gabinete, en 2008, Fernández volvió a activar su estudio jurídico y consultora junto a la actual ministra de Justicia, su socia histórica, Marcela Losardo.
En ese marco, la aparición de una factura por “asesoramiento en materia penal” emitida por Fernández en 2017 por $ 435.000 a Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López, despertó nuevamente las sospechas.
El Presidente aseguró el año pasado que esa factura fue anulada antes de cobrarse. Desde el Grupo Indalo precisaron que llamaron a Fernández “para hacer una interconsulta en el momento más álgido del embate contra Oil Combustibles” por la multimillonaria deuda que mantiene con la Afip, pero también ratificaron que esa factura nunca fue cobrada.
Por otro lado, el jefe de Estado y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, comparten la sociedad anónima Inmuebles Callao 1960 y fueron socios en un estudio jurídico y consultora. Crous sostiene en su dictamen que la imposibilidad de continuar como directivo de Inmueble Callao no está dada por su actividad comercial, sino por las exigencias de la Constitución, que indica que “la Presidencia de la Nación exige una exclusividad que impide presidir una sociedad anónima”.
