La medida fue oficializada por decreto y establece tres grupos de beneficiarios, con pagos que pueden alcanzar hasta 20 sueldos por antigüedad, más adicionales según cada caso.
El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, con compensaciones económicas que variarán según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada trabajador. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de la política de reorganización del Estado.
La inscripción estará abierta desde el 1° hasta el 30 de noviembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por única vez de hasta 30 días corridos. El programa alcanza al personal de planta permanente y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada. Los cargos de quienes se adhieran serán eliminados una vez concretada la desvinculación.
El esquema contempla tres grupos de beneficiarios. El primero comprende a las mujeres de 58 años o más y a los hombres desde los 63 años que no reúnan los aportes necesarios para jubilarse. Estos trabajadores podrán optar por una prestación mensual equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual, durante un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios, lo que ocurra primero. También tendrán la alternativa de cobrar una gratificación por única vez, calculada según su antigüedad y con límites establecidos en el decreto.
El segundo grupo incluye a las mujeres de entre 58 y 64 años y a los hombres de entre 63 y 64 años que acrediten al menos 30 años de aportes previsionales. En estos casos, la compensación será equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción superior a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones. A ese monto se le sumarán otros cinco sueldos brutos, independientemente de los años trabajados.
El tercer grupo está integrado por las mujeres de hasta 57 años y los hombres de hasta 62 años. Para ellos, el pago será de un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un límite de 20 remuneraciones. Además, recibirán cuatro sueldos adicionales si tienen menos de 15 años de antigüedad en la planta permanente, o cinco si alcanzan o superan ese período. Cuando la compensación supere los $20 millones, el pago podrá realizarse en hasta tres cuotas.
La normativa también establece restricciones para acceder al programa. Quedarán excluidos los trabajadores que tengan procesos penales por determinados delitos contra la Administración Pública, sumarios administrativos pendientes que puedan derivar en sanciones expulsivas o sanciones disciplinarias de cesantía o exoneración pendientes de ejecución. Tampoco podrán adherirse quienes tengan trámites jubilatorios en curso, ya reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o hayan presentado su renuncia y todavía esperen su aceptación.
Por otra parte, los empleados que mantengan reclamos laborales contra el Estado deberán desistir de esas acciones para ingresar al régimen, con las excepciones previstas para los casos vinculados con riesgos del trabajo. La medida también contempla exclusiones para distintos sectores, entre ellos las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y determinados organismos y áreas específicas de la administración pública.
Por último, quienes acepten el retiro voluntario no podrán volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante los ocho años posteriores a su desvinculación. Las autoridades de cada organismo podrán rechazar las solicitudes cuando consideren que la salida del trabajador afecta la prestación de los servicios. Tendrán un plazo de 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver cada pedido y, si no hay una aceptación expresa dentro de ese período, la solicitud se considerará rechazada.
