La medida busca que las provincias se adhieran al programa que busca eliminar la criminalidad desde las unidades penitenciarias.
El Ministerio de Seguridad de la Nación amplió a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires el programa destinado a bloquear celulares utilizados de manera irregular dentro de las cárceles. La medida busca impedir que personas privadas de su libertad continúen utilizando dispositivos de comunicación para coordinar actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
La decisión quedó establecida mediante la resolución 806/26, firmada por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva. Según explicó el organismo, el objetivo es evitar que las unidades carcelarias se conviertan en centros de operaciones para organizaciones criminales que continúan funcionando pese al encarcelamiento de sus integrantes.
El programa permitirá identificar y bloquear distintos elementos vinculados a las comunicaciones móviles, entre ellos los códigos IMEI e IMSI y las líneas telefónicas que sean utilizadas de manera irregular dentro de las unidades penitenciarias federales. Para facilitar el procedimiento, el Ministerio de Seguridad pondrá a disposición una “ventanilla única” destinada a canalizar los pedidos de bloqueo con las compañías telefónicas.
La iniciativa toma como antecedente la experiencia implementada en el ámbito penitenciario federal, que, de acuerdo con la cartera de Seguridad, permitió avanzar en la detección y neutralización del uso de teléfonos celulares por parte de organizaciones delictivas. El Gobierno sostiene que estos dispositivos fueron utilizados para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior de las cárceles.
La normativa también se apoya en la Ley 24.660, que establece la prohibición del uso de teléfonos móviles en los establecimientos penitenciarios, y en disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que fijan obligaciones para las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
A partir de ahora, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán adherir al esquema nacional y aplicar el mecanismo de bloqueo en sus propios sistemas penitenciarios. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que la medida apunta a cortar las comunicaciones que permitan mantener operaciones criminales desde las cárceles. “El que está preso, no puede seguir delinquiendo”, sostuvo la cartera en el comunicado difundido en redes sociales.
La resolución se conoce mientras Monteoliva también enfrenta un pedido de interpelación en la Cámara de Diputados. Legisladores del Frente de Izquierda solicitaron que la ministra brinde explicaciones sobre el operativo policial del 6 de agosto frente al Congreso, durante una protesta que terminó con incidentes y represión, en el marco de la sesión en la que se trató la Ley de Tierras.
