Tras una extensa negociación con gobernadores y bloques dialoguistas, el oficialismo consiguió aprobar la iniciativa por 37 votos contra 33. El texto fue modificado al eliminar el capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.
El Senado aprobó este jueves en general la Ley de Propiedad Privada por 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una extensa negociación entre el oficialismo, gobernadores y bloques dialoguistas. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados.
La sesión comenzó pasadas las 14 y tuvo como eje uno de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional. Para asegurar los apoyos necesarios, La Libertad Avanza decidió retirar del texto el capítulo que habilitaba modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, uno de los puntos que había generado mayores cuestionamientos.
Con los cambios incorporados, la norma propone modificaciones al régimen de expropiaciones y establece un mecanismo de desalojos exprés, medidas que el oficialismo considera centrales para reforzar la protección de la propiedad privada. La eliminación del apartado sobre tierras fue clave para alcanzar el consenso con sectores aliados.
Desde el PRO hubo críticas por la forma en que el Gobierno manejó ese capítulo durante la negociación parlamentaria. En paralelo, referentes de La Libertad Avanza minimizaron la eliminación de ese punto y sostuvieron que la prioridad era garantizar la aprobación del proyecto mediante un acuerdo con los bloques dialoguistas.
Tras la votación, el presidente Javier Milei Javier Milei celebró la media sanción a través de sus redes sociales. El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de Instagram con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”, en referencia al avance legislativo de la iniciativa.
Con la aprobación en el Senado, la Ley de Propiedad Privada quedó a un paso de convertirse en ley. El próximo desafío del oficialismo será conseguir el respaldo necesario en la Cámara de Diputados para convertir en definitiva una de las reformas que considera prioritarias en materia de protección del derecho de propiedad.
