Parece mentira, pero el peronismo kirchnerista insiste con defender a los delincuentes y cree que esa es una postura progresista. No aprenden más. Tienen tan metido en la cabeza el dogma zafaroniano que no comprenden que se ponen en contra de la inmensa mayoría de los ciudadanos, sobre todo de los más humildes a los que dicen defender.
El ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni le hizo mucho mal a la justicia y lo sigue haciendo. Su teoría nefasta es que los delincuentes son víctimas de un sistema capitalista injusto y por lo tanto hay que darles contención y perdonarles absolutamente todo. Esas concepciones erradas penetraron mucho en las facultades de derecho y en el auto percibido progresismo. Esa actitud los lleva a favorecer a los victimarios de un delito y a desproteger a las víctimas.
Hay cientos de casos en donde los ladrones, narcos y asesinos son liberados o ni siquiera son encarcelados con esa excusa. Eso se traduce en que la mayoría de los delitos son cometidos por bandidos reincidentes que tienen muchísimos antecedentes. Entonces abren la puerta giratoria y salen nuevamente a las calles sin ningún tipo de sanción.
¿Y que hacen cuando salen? Vuelven a cometer delitos, esta vez de mayor ferocidad. Y así siguen su carrera delictiva que suele terminar con ese delincuente muerto después de haber robado o asesinado varias veces. ¿Se entiende? Este esquema incomprensible del zafaronismo no solamente va contra la mayoría de la sociedad que padece el crimen organizado y el crimen desorganizado. También perjudica a los que el kirchnerismo dice querer ayudar. Porque se sienten protegidos por los jueces y siguen cometiendo atrocidades. Y como le dije, los más humildes son las mayores víctimas.
Porque no tienen rejas, ni candados, ni vidrios polarizados ni cámaras de seguridad. Son los que todos los días van a trabajar o a llevar a sus chicos al colegio con pánico de que los soldaditos del narco menudeo les roben la mochila o la campera a sus hijos o los maten por un celular. En el conurbano esto es una verdadera pandemia.
Por estos motivos, La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires iniciará juicio político a la doctora Marta Pascual que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Le recuerdo que es una ley aprobada por los representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso Nacional.
La jueza, de corazón peronista y ex funcionaria de Eduardo Duhalde generó una catarata de críticas, menos del gobierno de Axel Kicillof que es el que no les provee seguridad a sus ciudadanos y ha convertido la provincia en un verdadero baño de sangre. No tienen la mínima empatía con las víctimas de delitos. Son pura crueldad ideológica. Son capaces de suicidarse políticamente por no escuchar el reclamo desesperado de tanta gente. Militan la impunidad.
La nueva ley, debatida por horas en el Parlamento, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre otros motivos porque las mafias utilizan a los menores para que comentan los peores delitos y les aseguraban que no iban a quedar presos.
El gobernador de la provincia de Santa Fé, Máximo Pullaro, dirigente del radicalismo, fue contundente en su reacción. Dijo que “el garantismo bobo no entiende la dimensión del problema. Están buscando excusas para no actuar”.
Pullaro agregó que “los jueces están para que las leyes se cumplan para que los delincuentes de la edad que sea, no se la lleven de arriba”. El gobernador dijo que es muy grave lo que hizo la jueza Pascual y aseguró que en su provincia “están preparados para aplicar la ley”. Tienen tobilleras electrónicas, instituto de menores y, “para los casos más graves tenemos módulos penitenciarios especializados”.
Diego Santilli, el jefe de gabinete de Milei embistió contra Kicillof al exigirle que haga inversiones para tener donde alojar a los presos y que deje de “comprar penes de madera. La provincia es tierra de nadie”.
Si la doctora Pascual está tan preocupada por la falta de condiciones de detención de los presos debería haber intimado de urgencia al gobierno bonaerense para que resuelva ese problema.
La primera en reaccionar fue la senadora Patricia Bullrich que tiene en la seguridad una de sus principales preocupaciones. Dijo que los peronistas K “se ponen del lado de los delincuentes”. Y agregó “que terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien. Los bonaerenses viven encerrados y con miedo”.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza aseguró que la jueza Pascual “se extralimitó. No tiene facultades para suspender una ley. La podría haber declarado inconstitucional”.
Usina de Justicia, la prestigiosa asociación civil, fundada por Diana Cohen Agrest denunció penalmente a la jueza Pascual con el argumento que “el fallo viola la división de poderes”. La acusan de “usurpación funcional y abuso de autoridad” y se presentó en la causa para seguir de cerca su desarrollo.
La realidad es que los argentinos en general y los bonaerenses en particular están sumamente preocupados por la seguridad y sus familias.
Un agujero negro en el alma de la convivencia ciudadana que los herederos de Zaffaroni y Cristina no saben, no contestan.
Editorial de Alfredo Leuco en LN+
