“Tenés presiones externas y presiones internas”, señaló el fiscal de la causa Vialidad que llevó a la condena a Cristina Kirchner. Esta semana arrancó el juicio por los Cuadernos de las coimas.
Diego Luciani, fiscal en lo Criminal Federal, encargado de conseguir la condena a la expresidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, habló en el «Encuentro internacional: contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana», que se llevó a cabo en la Universidad de Palermo.
«La corrupción atenta contra la democracia, atenta contra los DDHH«, comenzó diciendo Luciani y citó una resolución del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas (ONU) que dice: «Las personas pobres y vulnerables corren riesgo de sufrir costos negativos de la corrupción en el disfrute de DDHH».
Y siguió: «La prevención y la lucha contra la corrupción refuerza la protección de los DDHH». La disposición, según precisó, destacó: «La importancia de la independencia del Poder Judicial, la objetividad e imparcialidad de los fiscales y la integridad del sistema judicial para la prevención de estos delitos».
Ante estas palabras de la ONU, el fiscal planteó «¿Cómo aseguramos la independencia judicial?» y, tomando lo dicho por sus compañeros del panel, recordó: «Recién se mencionó, en Venezuela no hay casos. El poder político corrupto quiere dominar y colonizar al Poder Judicial».
«Lo ha demostrado en el año 2019, en el año 2023, con distintas reformas que han tenido ese claro objetivo: intentar colonizar a la Justicia», sostuvo y marcó: «Mientras los fiscales avanzamos en casos de corrupción».
Sobre ese punto, aseveró: «Avanzar en casos de corrupción es una tarea, que a veces, se transforma en titánica» porque «tenés presiones externas y presiones internas».
«Los casos son complejos», indicó, y puntualizó: «Imagínense lo que es analizar 51 licitaciones públicas. Una licitación pública es compleja, 51 licitaciones públicas, un período de 12 años que fueron una ficción para detraer fondos del Estado».
«Ahora, cómo vemos afectados los DDHH», señaló y aseguró: «Nosotros lo vimos muy claro, establecimos un perjuicio objetivo de mil millones de dólares».
Además, manifestó, «vimos la desidia, la corrupción sistemática, 24 rutas abandonadas» y enfatizó: «Vimos cómo se enriquecieron aquellos que fueron parte de la corrupción».
«El empresario privilegiado por el matrimonio presidencial, el señor Lázaro Báez, en 12 años adquirió en tierras 420.000 hectáreas», lo que es igual «a 20 ciudades de Buenos Aires». «Más de 300 inmuebles en todo el país, más de 1.000 bienes muebles como aviones, camionetas, tractores». «Esto es la corrupción», sentenció.
Ante este panorama, planteó otro interrogante: «¿Qué hacemos los fiscales para avanzar en estas investigaciones?» a lo cual respondió: «Es un trabajo titánico».
«Primero hay una falta de recursos, segundo en la Justicia argentina el gran problema que tenemos son las vacantes: casi 50% de vacancia en la Justicia argentina», detalló y subrayó: «El proceso de nombramiento de jueces en Argentina puede durar entre cinco, seis y hasta siete años».
«Yo les pregunto, en cualquier empresa importante, un banco, cuánto se tarda en cambiar a un presidente», señaló y reiteró: «En nombrar un juez pueden tardar hasta siete años».
Por lo tanto, «ahí se ve la injerencia de la política en el nombramiento de jueces», lo cual «no se puede destrabar porque cada uno quiere a su candidato». «No se analiza la idoneidad, la experiencia, el trabajo de las personas sino su proximidad ideológica con el gobierno de turno. Ahí está la disputa». Acto seguido, advirtió: «Esto lo naturalizamos nosotros y no se puede naturalizar semejante situación: la discrecionalidad que hay en el nombramiento de jueces».
Otro problema, acorde con Diego Luciani, «es la visibilización de la problemática: lo que implica la corrupción, lo que hay detrás de la corrupción» y contó: «Hace unos años yo hice un doctorado en España en corrupción en la contratación pública y una catedrática de España cuando fui a dar mi examen, yo trababa de linkear a la corrupción con los DDHH. Al principio, ella mucho no entendía esta relación que yo quería hacer, pero finalmente lo entendió y me dijo: ‘En España se roba lo que sobra, en Argentina se roba lo que falta’».
«Y si nosotros como fiscales no tomamos conciencia de esto, no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que defender al pueblo argentino del saqueo sistemático de los corruptos…. Estas causas avanzan porque muchas veces hay un compromiso y una responsabilidad de los fiscales y de un equipo de trabajo», resaltó
Y afirmó: «La morosidad que hay en la Justicia, por supuesto que tiene que ver con todo lo que falta, pero también tiene que ver con una falta de decisión de encarar esta problemática realmente».
«Nosotros hemos tenido infinidad de obstáculos durante una causa que hicimos un debate de tres años. Se hicieron 600 horas de debate», precisó y marcó: «Había que sentarse 600 horas de debate en estas causas tan complejas».
«Además teníamos a todo el poder político que nos presionaba, nos hostigaba», recordó y puntualizó: «Desde un Presidente de la Nación a los gobernantes y los ministros, que buscaban la impunidad de los corruptos, que lejos de sacar de sus filas y democratizar sus sistemas políticos, lo que hacían era lo contrario: agredir a quienes estabamos investigando estos hechos».
«Es impensado en democracia que un presidente después de un alegato diga ‘Nisman se suicidó, yo espero que Luciani no se suicide’» y que después se siente el jefe de la Policía a decirnos ‘necesita más seguridad’», recordó. Y planteó: ¿Necesita más seguridad porque el presidente dijo lo que dijo?».
«Es impensado que un Presidente de la Nación haya dicho en el Congreso que la Justicia porque investiga hechos de corrupción es una mafia», recalcó y manifestó: «Yo siempre estuve muy preocupado por la problemática en la Justicia y cuando me tocó este caso, como cuando me toca cualquier caso, lo asumí con máxima responsabilidad y máximo compromiso».
«Sabíamos que teníamos que dar vuelta una página importante en la historia de la Justicia», destacó y cuestionó: «La Justicia durante 30 años fue garante de la impunidad de los corruptos». Pero, «hoy esto está cambiando, lentamente está cambiando» y agregó: «Se necesita una esfuerzo mancomunado: la sociedad civil, la ciudadanía tiene que estar atenta y expectante de lo que pasa, respetar la independencia del Poder Judicial, que el poder político no quiera capturar o colonizar a la Justicia».
«Nosotros tuvimos muy en cuenta que la independencia de los fiscales no se negocia, tuvimos muy en cuenta que nadie puede comprometer nuestra libertad y nuestra vocación y por último, no le cedimos la palabra a la corrupción y a la impunidad».
