El proyecto, que podría debatirse esta semana, recibió el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu tras la liberación de los rehenes israelíes y la demora en entregar los cadáveres de los asesinados por Hamas
El Parlamento israelí dio un paso relevante hacia la reinstalación de la pena capital al avanzar con un proyecto que busca aplicarla a condenados por actos de terrorismo con motivación nacionalista. La iniciativa, impulsada por el partido ultranacionalista Poder Judío, permitiría a los tribunales imponer la pena de muerte a palestinos hallados culpables de asesinar a israelíes por razones políticas o identitarias, aunque persisten dudas sobre su alcance y su eventual aplicación a ciudadanos israelíes. El texto podría ingresar al pleno de la Knéset esta semana para su primera votación formal.
La medida fue aprobada en el Comité de Seguridad Nacional, presidido por el legislador Tzvika Foghel, pese a las advertencias de asesores legales del Parlamento, quienes señalaron que no se habían considerado todas las opiniones de las fuerzas de seguridad. Aun así, la propuesta avanzó respaldada por el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, una de las figuras más duras del Ejecutivo, que sostiene que la pena capital es necesaria para generar “disuasión real” frente a la violencia. Entre las reformas planteadas figura que la sentencia sea obligatoria y aprobada por mayoría judicial, sin posibilidad de conmutación.
El proyecto cuenta con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu, según confirmó el coordinador de Rehenes y Desaparecidos, Gal Hirsch, quien aseguró que las objeciones iniciales quedaron atrás tras la reciente liberación de cautivos retenidos por Hamás. Algunos sectores de la seguridad israelí habían advertido en el pasado que una medida de este tipo podía poner en riesgo la integridad de rehenes aún en manos de facciones armadas palestinas en Gaza, pero la postura oficial cambió en los últimos meses.
Desde la bancada oficialista, Ben Gvir celebró el avance legislativo y pidió eliminar cualquier discrecionalidad judicial, afirmando que “todo terrorista que salga a asesinar debe saber que recibirá la pena de muerte”. La propuesta, sin embargo, avanza en un clima político tenso: recientemente, el propio ministro difundió un video en el que se mostraba frente a presos palestinos esposados, reclamando que se apruebe la medida cuanto antes. El dirigente había advertido incluso que podría romper con la coalición si el tratamiento legislativo se retrasaba.
El proyecto desató un amplio rechazo entre organizaciones palestinas. Hamás calificó la iniciativa como una expresión del “rostro fascista de la ocupación”, solicitó acceso internacional a las cárceles israelíes y denunció las condiciones de miles de detenidos. Aunque Israel contempla la pena de muerte en casos excepcionales, el país la ha aplicado solo una vez, en 1962, contra el nazi Adolf Eichmann, lo que convierte este debate en uno de los más sensibles desde el inicio del conflicto tras los ataques de octubre de 2023.
