Este puede convertirse en el verdadero talón de Aquiles de la administración de Javier Milei.
La salida de Diego Spagnuolo de la Dirección de Discapacidad dejó al Gobierno en una situación incómoda. A los pocos días comenzaron a circular audios en los que el exfuncionario hablaba de supuestas tramas de coimas y señalaba tanto a miembros de la propia Dirección como a sectores políticos. En esas grabaciones, incluso asegura que había advertido al presidente y que, por esa razón, se cuidaba de lo que firmaba.
En un contexto de ajuste económico, la sola sospecha de corrupción es letal para la credibilidad oficial. La sociedad acepta sacrificios siempre y cuando exista la certeza de que nadie se enriquece de manera indebida. Un Gobierno que pide esfuerzo no puede permitir que convivan los recortes con privilegios ilícitos.
Es cierto que el kirchnerismo dejó un entramado de funcionarios enquistados en el Estado, muchos de ellos con prácticas poco transparentes. Pero si esas estructuras continúan operando, la responsabilidad ya no es del pasado, sino del presente. No alcanza con decir “me encontré con una estructura corrupta”: quien ejerce el poder tiene el deber de desarmarla, no de tolerarla mientras no lo salpique directamente. De lo contrario, se convierte en cómplice por omisión.
Los ejemplos sobran. El caso de la ANMAT y del laboratorio HLB Pharma es ilustrativo: se señala que el organismo estaba lleno de funcionarios alineados al kirchnerismo que ignoraron irregularidades y no clausuraron el laboratorio, pese a que los problemas eran evidentes. El resultado: más de cien muertes que podrían haberse evitado. El reciente despido de Gabriela Mantecón Fumado, encargada de los controles, parece llegar demasiado tarde. Detrás, se repite el mismo patrón: un empresario con vínculos políticos y una red de protección mafiosa que el Gobierno actual debió haber desarticulado desde el inicio.
La corrupción no se mide solo en dinero, sino también en vidas perdidas. Ese puede convertirse en el verdadero talón de Aquiles de la administración. Gobernar la Argentina implica lidiar con un campo minado de intereses oscuros heredados del kirchnerismo, pero ignorarlos es igual de peligroso. La ciudadanía está dispuesta a soportar el ajuste siempre que se garantice algo básico: que quienes gobiernan sean decentes y que exista una verdadera batalla contra la corrupción.
