Rosenkrantz: “Esta intervención es el único remedio para evitar el daño a las instituciones”

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Así se expresó el presidente de la Corte Suprema, luego de que el tribunal accediera a abrir el ‘per saltum’ de los jueces removidos por el kirchnerismo. Dijo que el caso “es de una gravedad institucional inusitada”.


El titular de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, defendió el fallo de la Corte al considerar que el caso de los jueces desplazados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revista una gravedad institucional “inusitada”. Por eso avaló en su voto la apertura del recurso de per saltumpresentado por los camaristas.

Argumenta que el planteo resulta “admisible” porque, “si Bruglia y Bertuzzi tuvieran razón, no se trataría únicamente de traslados irregulares sino de un intento de revisar retroactivamente el mecanismo de designación de un número importante de jueces”.

La palabra del presidente de la Corte reviste especial relevancia política después de la dura crítica que le dedicó el viernes Alberto Fernández después de que se confirmara la convocatoria a la reunión de hoy, en la que los cinco ministros del máximo tribunal decidieron tratar el caso de los jueces apartados a quienes el kirchnerismo tiene apuntados desde que intervinieron en causas que tienen a Cristina Kirchner entre los acusados.

“Es inocultable entonces que el caso reviste una gravedad institucional inusitada, pues en su decisión se encuentra comprometida una institución básica del sistema republicano, cual es, la independencia del Poder Judicial que el artículo 110 de la Constitución Nacional busca asegurar no solo en favor de los magistrados sino, fundamentalmente, en beneficio de la totalidad de los habitantes de la Nación”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz dejó en claro que el único remedio eficaz frente a esta situación era el per saltum, con el objetivo de evitar enfrentarse a un hecho consumado delicado. “La intervención inmediata de esta Corte es el único remedio eficaz para evitar tanto el daño individual sobre los derechos de los actores como, principalmente, el daño a las instituciones de la República. Si, como se denuncia, estuviéramos en presencia de acciones de poderes públicos llevadas a cabo en contra de la Constitución, su prolongación en el tiempo causará una lesión en los derechos individuales de los jueces afectados cuya completa reparación futura, de no intervenirse prontamente, resulta -por lo menos- incierta“, finalizó.