Pertenecen a la resistencia que se enfrenta al régimen desde el exilio y fueron entrevistados en Francia luego de varios meses de gestiones diplomáticas. El juez Daniel Rafecas define la la elevación de diez acusados a un juicio en ausencia.
La causa por el atentado a la AMIA sumó en las últimas horas un capítulo clave: cuatro iraníes disidentes declararon como testigos y aportaron información sensible sobre la planificación del ataque terrorista que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires. Sus testimonios podrían convertirse en piezas centrales del juicio en ausencia contra los acusados de haber diseñado el atentado.
Según fuentes judiciales, las declaraciones se tomaron la semana pasada en las afueras de París, tras meses de gestiones diplomáticas y judiciales. Los testigos comparecieron de manera presencial ante el fiscal Sebastián Basso y un equipo de la UFI-AMIA, en el marco de la investigación que lleva adelante el juez federal Daniel Rafecas.
Las identidades de los cuatro declarantes permanecen bajo estricta reserva por razones de seguridad. Se trata de miembros veteranos del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), una coalición opositora al régimen de los ayatolás, integrada por exiliados que hoy residen mayoritariamente en Francia y otros países europeos. Todos ellos mantienen una histórica confrontación con el poder iraní.
Las audiencias se realizaron bajo las normas del sistema judicial francés, con cooperación formal entre ambos países. Los testigos pidieron declarar en farsí, lo que obligó a montar un complejo esquema de traducción, ya que no existen intérpretes directos del persa al español. Al cierre del proceso, Francia aún no había remitido a la Argentina las grabaciones y transcripciones oficiales.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los iraníes declararon tanto como testigos como en calidad de expertos, ya que antes de su exilio habrían tenido contacto directo con altos funcionarios del régimen iraní y acceso a información de primera mano sobre los días previos a la planificación del atentado. Incluso, recordaron que fueron los primeros en advertir a la Argentina sobre la autoría iraní, apenas días después del ataque.
La Justicia argentina sostiene que la decisión de ejecutar el atentado se tomó el 14 de agosto de 1993, durante una reunión del llamado “Comité de Asuntos Especiales” en la ciudad iraní de Mashhad, con la participación de los máximos jerarcas del régimen. Entre los acusados figuran exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah, mientras que los testigos que ahora declararon viven bajo amenaza permanente: desde hace años pesan sobre ellos fatwas que ordenan su asesinato, una muestra del riesgo que aún rodea a una de las causas más sensibles de la historia judicial argentina.
