Desde Juntos por el Cambio exigen que la agrupaciones que reciben dinero público rindan cuentas ante la Auditoría General de la Nación. Advierten que son “presupuestos millonarios manejados por muy pocos”.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Álvaro de Lamadrid, presentaron un proyecto de ley que apunta a revisar la transparencia de fondos asignados a Organizaciones Sociales. Para eso involucran a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que verifique los fondos otorgados a las organizaciones de la sociedad civil en marco de la ayuda estatal durante la pandemia del Covid-19.
El texto enviado al Congreso argumenta que dichas agrupaciones “cuentan con presupuestos millonarios, manejados por muy pocos” y que esos fondos “están fuera del control y rendición de cuentas de los organismos de contralor”.
En el primer artículo cita a la Constitución Nacional, que en su artículo 85 detalla que “las Asociaciones Sociales, Organizaciones de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas, destinadas a inscribir entidades representativas de los trabajadores de la economía popular, Empresas Recuperadas o Autogestionadas y aquellas organizaciones sin fines de lucro reconocidas en el ámbito provincial o nacional que se dediquen a la implementación y gestión de políticas públicas en materia social, comprendidas en la resolución 32 del año 2016 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y, o, como cualquier otra organización similar previstas en leyes especiales, estarán sujetas al control permanente, administrativo, contable y de gestión, de la Auditoría General de la Nación”.
La iniciativa plantea algunos lineamientos para el funcionamiento de dichas organizaciones. Sugiere que no pueden ser miembros de los cuerpos directivos quienes perciban sueldos o viáticos del Estado Nacional, ni quienes estén procesados por delitos de corrupción. También establece, por ejemplo, que las contrataciones que realicen deben efectuarse por licitación pública o proceso privado de precios, con intervención y registro del Ministerio de Desarrollo Social.
De Lamadrid estimó que el gasto social total en Argentina es de cerca de U$S 1.500 millones anuales. “Buscamos poner orden a los subsidios sin control y establecer pautas para acceder a estos problemas que deben ser controlados por la AGN”, alertó.
Vale recordar que este año el máximo organismo de control nacional auditará las compras y contrataciones que se efectuaron durante la emergencia sanitaria. También se controlarán el IFE y el ATP, además de los programas de reparación de desastres y alertas tempranas y el cumplimiento de los contratos de las vacunas.
